La exigencia de las fiscales en sus alegatos del martes para la devolución íntegra de los 18,9 millones que cobraron como prejubilación los cuatro directivos liquidados pese a pedir la absolución de uno de ellos, Javier García de Paredes, provocó la inédita situación de que, en caso de condena, los otros tres tuvieran que devolver una parte no cobrada por ellos. De ahí que ayer, en la sesión de cierre del juicio, las fiscales corrigieran lo que el día previo sostenían y restaran de la petición de reintegro los 5,6 millones de De Paredes. Lo que significa que, siempre que existiera un fallo contra los directivos, García de Paredes aguantaría íntegra su prejubilación. Algo que, por cierto, no comparte el abogado que representa a Abanca por orden del FROB, Javier Sánchez-Junco, que, además, es fiscal de Anticorrupción en excedencia.

El letrado encargado de la defensa de De Paredes llamó la atención de que la petición de absolución de la Fiscalía se condicionara a que "la sala entienda que no se le debe condenar". Algo, subrayó, que es "antijurídico". De ahí su petición para que la acusación pública retirara directamente la acusación. José Antonio Choclán insistió en que el exdirector adjunto era "gestor, no administrador" y que si no pudo devolver parte de lo que ingresó fue porque la apertura de diligencias "por parte de la Fiscalía, instrumentalizada por el FROB", lo impidió.