El juez Antonio Serrano-Artal, instructor de la última causa abierta contra el exministro Rodrigo Rato, ha citado a declarar como imputado al también expresidente de Bankia, que mañana, miércoles, responderá ante el magistrado sobre los indicios que, según una denuncia previa de la Agencia Tributaria, le implican en tres presuntos delitos fiscales que suman un millón de euros y otros de blanqueo y alzamiento de bienes. La declaración llega tres meses después de que la casa y el despacho de Rato fueran registrados y él, detenido.

Serrano-Artal ha tomado esta decisión tras interrogar ayer como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, a la que se le ha preguntado por el informe que dio origen a este procedimiento. En dicho informe, Hacienda alertaba de los "riesgos" derivados de que Rato pudiera ocultar pruebas o destruir documentos relacionados con operaciones de blanqueo y alzamiento de bienes y su intención de ocultar sus ingresos.

La inspectora jefe declaró ante el juez que no era la autora del informe que precipitó la investigación, pero que en todo caso era una "denuncia temprana de posibles riesgos". Esa fue la base sobre la que Hacienda llegó a pedir la detención el pasado 16 de abril y los registros en su domicilio y en su despacho, en los que los agentes de Aduanas se llegaron a incautar 40.000 documentos, han señalado las mismas fuentes, sobre los que ahora la Onif deberá realizar un nuevo informe. Los abogados de Rato pidieron ayer el archivo del caso, ante las "endebles" explicaciones de la inspectora. El fiscal se opuso, a la espera del citado informe.

En recientes resoluciones, el juez cree que el único delito "que empieza a aparecer perfilado es contra la Hacienda Pública". Supuestamente, Rato no declaró transferencias de fondos procedentes de países extranjeros que recibió en cuentas corrientes. El fraude fiscal se estima en algo más de un millón de euros.

La Audiencia Provincial de Madrid ya consideró que "no se sostiene" la acusación de que Rato podría haber ocultado sus bienes para evitar el pago de la fianza del caso Bankia. Esta acusación se fundamentaba en un movimiento patrimonial que realizó Rato al donar acciones de sus sociedades a sus hijos. La Fiscalía Anticorrupción cree que el delito de blanqueo tampoco estaba "mínimamente aquilatado". La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, a la que el juez encargó que colaborara con la Agencia Tributaria en el rastreo de un delito de blanqueo de capitales, continúa escaneando y analizando ese material antes de exponer sus conclusiones.