Nuevo revés judicial para la veintena de empresarios que en 2012 acudieron a la llamada de José María Castellano y la Xunta para invertir 70 millones en Novagalicia e intentar lograr así mantener un banco en Galicia. La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de echar por tierra la primera sentencia favorable, ganada por Gadisa en diciembre pasado, que obligaba al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a devolverle los 10.109.209,82 euros que invirtió en NCG. El abogado del despacho madrileño SLJ Daniel Jiménez reconoció ayer su decepción con un fallo que "no hace justicia" y anunció un recurso ante el Tribunal Supremo.
La sección tercera de la Audiencia hizo público ayer el fallo que estima los recursos que el FROB y NCG (hoy, Abanca) presentaron contra la sentencia dictada el 1 de diciembre pasado por el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que apreciaba dolo y mala fe en su actuación. La resolución les acusaba de haber ocultado deliberadamente a los inversores que poco antes de que formalizasen sus compromisos de inversión, en enero de 2012, la entidad y su principal accionista (el FROB) fueron conscientes de que tenían que corregir a la baja el valor de los activos recogidos en el asiento contable de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, lo que acabaría por imponer un nuevo ajuste de 1.127 millones de euros en el banco.
La sentencia estimaba los argumentos de los empresarios, que consideraban además que el FROB había ocultado la inminente promulgación de nuevos decretos de reestructuración financiera que exigirían provisiones de hasta 50.000 millones en la banca española por los activos inmobiliarios que tenían en sus balances, lo que luego fue conocido como el decreto Guindos I.
El fallo da la vuelta por completo al del juzgado de Primera Instancia al absolver al FROB de la devolución de los 10 millones de euros y a NCG de la anulación del compromiso de inversión, e impone las costas del juicio a Gadisa. La sentencia es dura no sólo con las pretensiones del grupo empresarial y la declaración del perito presentado por él sino también contra la juez que dictó el primer fallo: "La sentencia incurre reiteradamente bien en una infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo pechar a las demandadas con la falta de prueba de un hecho; bien en una interpretación sesgada a favor de la demandante; o bien suponiendo hechos contra la prueba practicada". Acusa además al perito de Gadisa de parcialidad y rechaza considerar su informe.
El de Gadisa fue el primero de los fallos favorables a los empresarios, al que siguió el que dio la razón a Inveravante, Ranebe 2000, Metalships, Santiago Rey-Fernández Latorre y al empresario José Luis Vázquez Mariño. Los tribunales fallaron en contra sin embargo de Hierros Añón y del grupo de Hijos de Rivera, Luis Somoza (Inversiones Subel), Inversiones Gallegas del Cable , Copasa, Concable Inversiones, Coren y Río Breiro, sentencias pendientes también de recurso.
La Audiencia asume todos y cada uno de los argumentos expuestos por el FROB en el juicio y los fundamentos de su recurso. La sentencia exime al FROB de cualquier responsabilidad al entender que estuvo al margen del proceso de captación de inversores y que no elaboró la documentación entregada a los empresarios para convencerles de las bondades de la inversión que califica de "meras presentaciones publicitarias". Considera de hecho incomprensible que Gadisa no hubiera encargado una auditoría due diligence. "El FROB no ocultó ningún tipo de información que conociese y pudiera ser relevante ni por lo tanto infringió el deber de actuar de buena fe ni silenció datos que pudieran aconsejar no realizar la compra por parte de Gadisa. Lo que se produjo fue una frustración de la inversión , fruto de la actualización de un riesgo asumido por la compradora al adquirir las acciones en unas determinadas circunstancias económicas que se deterioraron todavía más", recoge el fallo.
La Audiencia asume además la tesis de la abogada del Estado que defendió al FROB al entender como inconcebible que un organismo público incurra en una "deliberada de ocultación de datos" y añade: "En la mentalidad funcionarial no tiene sentido que una corporación de derecho público actúe deliberadamente de forma dolosa". La sentencia entiende que la resolución del banco que derivo en la pérdida de la inversión se produjo por el agravamiento de la crisis que deterioró aún más sus activos, aunque destaca que se trataba de un banco "totalmente sobredimensionado ya antes de la fusión de las cajas" y aunque reconoce que la cúpula del banco y el FROB conocían la necesidad de realizar un importante ajuste el 15 de diciembre -los inversores depositaron su capital el 12 de enero- cree que era evidente tras la valoración de la entidad a la baja. Entienden los magistrados que los inversores compraron al mismo precio que pagó el FROB cuando nacionalizó la entidad y que la valoración realizada por el Banco de España de 181 millones justo antes desvirtuó toda la información que Castellano y su equipo trasladó a los inversores durante las negociaciones . Y acaba por cargar contra el presidente de Gadisa: "Parece difícil sostener que un avezado y experto empresario se dejó convencer por unas notas de prensa que recogen las explicaciones del señor Castellano sobre algo que sorprendió desagradablemente a la opinión pública gallega; las cajas sólo valían 181 millones"
