Los trabajadores de la planta coruñesa de Alcoa están convencidos de que en la subasta de los incentivos eléctricos de la semana pasada se cometió una irregularidad: los tres bloques de 90 megavatios (MW) -los mejor remunerados- que logró la aluminera mediante la fórmula de asignación de directa debían ir a parar a las tres fábricas que la compañía tiene en España -uno para la de A Coruña, otro para San Cibrao (Lugo) y el tercero para Avilés (Asturias)- y no todos para la lucense, como decidió Alcoa con la "connivencia" de Red Eléctrica de España (REE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La plantilla entiende que solo podía asignarse un bloque por punto de suministro, por lo que estudia impugnar la subasta. Pero también plantea una posible solución: como el presupuesto aprobado para el servicio de interrumpibilidad no se agotó -se gastaron menos de 503 de los 550 millones previstos-, el comité de empresa de la fábrica de A Grela pretende que el Gobierno compense a las plantas que en el proceso de asignación directa se quedaron sin los bloques de 90 MW que precisaban. "La idea es que, con los fondos sobrantes, se abone a las plantas afectadas -las de A Coruña y Avilés necesitaban un bloque cada una y San Cibrao, un cuarto- la diferencia entre el precio medio de los bloques de 5 MW a los que accedieron y el precio medio de los lotes de 90 megavatios colocados por asignación directa", relató el portavoz de la plantilla coruñesa, Juan Carlos López Corbacho. Esta es la propuesta que trasladará por escrito en los próximos días a REE, CNMC y otras autoridades como la Delegación del Gobierno en Galicia. De ser necesario, asegura, se presentará en Madrid, en el Ministerio de Industria o incluso en Moncloa.

Esta solución, afirma el presidente del comité de empresa de la factoría de A Grela, sería "la más justa" tras un proceso "viciado y perverso" desde el inicio y que pone en peligro importantes industrias españolas. "Con esta medida aún sobraría presupuesto y se corregiría en parte el fiasco que supuso que el Gobierno solo sacase ocho bloques de 90 MW para 11 pujadores cuando podía habilitar hasta 13", aseguró López Corbacho. "Que una factoría pase de aspirar a bloques de 90 megavatios a tener que pelearse por los de cinco es un golpe casi mortal y el Gobierno lo sabía (tenía la experiencia del año pasado), pero le dio igual. Si después deja que la empresa haga lo que quiere en su propio beneficio, pues peor vamos", añadió el representante del personal coruñés.

El precio medio del megavatio en los paquetes de 90 MW rondó en la subasta los 300.000 euros mientras que en el caso de los de 5 MW quedó por debajo de los 150.000, por lo que las diferencias en las bonificaciones eléctricas son considerables.

La medida planteada, entiende la plantilla de A Grela, aclararía el futuro de las fábricas coruñesa y asturiana y corregiría "los efectos de un sistema perverso que deja siempre los mismos damnificados". "Ya es un error que en la subasta de los bloques de 90 megavatios compitamos juntas empresas del aluminio y de otros metales como el acero, cuando las alumineras consumimos el triple de energía por cada tonelada que producimos", denunció López Corbacho. "Nos enfrentamos a empresas que tienen mucho más margen para pujar por los bloques y nos obligan a competir entre fábricas del mismo sector y la misma empresa, algo que consideramos ilegal, que fomenta la competencia desleal", añadió.

Casi 10 días después de finalizar el proceso de adjudicación del servicio de interrumpibilidad, la plantilla coruñesa critica la tardanza de Alcoa en revelar el futuro de la fábrica de A Grela. "A la empresa solo le importa el dinero, nuestra preocupación e incertidumbre le preocupa poco", lamentó el presidente del comité de empresa.