Los 90.000 funcionarios de la Xunta recuperarán este otoño otro 26% de la paga extra que les retiraron en la Navidad de 2012 con motivo de la crisis pero el restante 50% que el Gobierno central se comprometió a abonar en los primeros meses del año a sus funcionarios públicos no está garantizado en Galicia. Al menos de momento.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, se reunió ayer por separado con portavoces de los sindicatos con representación en la Administración autonómica, en un encuentro previo al de la Mesa Xeral das Administracións Públicas convocada para este mediodía para abordar la situación de los empleados públicos. Martínez transmitió pocas novedades, después de que el mes pasado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, adelantase que el 26,23% de la extra de 2012 se abonaría antes del fin de este ejercicio. De momento, la Xunta no tiene una fecha concreta, aunque Martínez confía en poder pagarla a finales de noviembre. Este porcentaje supondrá un pago de una media de 400 euros y su coste para la Administración, de unos 55 millones de euros, según fuentes sindicales. La Xunta fía el pago del resto de la extra y la devolución de los días de libre disposición, tanto los ordinarios (moscosos) como los asociados a la antigüedad (canosos), a una negociación que se abrirá a partir de mañana sobre el capítulo I de los presupuestos autonómicos, según explicó ayer Ramiro Otero, de CCOO, tras reunirse con el conselleiro. "Garantías no hay porque dependen de esa negociación", explica Otero. Mientras Cristóbal Montoro dejó claro que el Gobierno acabaría de saldar su deuda con los empleados públicos a principios del año que viene, la Xunta no ofrece una fecha concreta.

La CIG denunció ayer, tras reunirse con el conselleiro, que la Xunta no tenga intención de eliminar los recortes impuestos a sus trabajadores. Y es que a diferencia de lo ocurrido en el resto del Estado, los empleados públicos llevan tres años sin percibir las pagas extraordinarias completas. La Xunta dejó de abonarles los complementos de esas pagas, lo que supone un recorte medio del 10% en cada extra, según cálculos de CCOO.

Además, la Xunta tampoco prevé recuperar el 100% de la retribución a los empleados que estén de baja médica ni la jornada laboral modificada para ciertos segmentos de funcionariado. Con todas estas reducciones, tanto CCOO como CIG cifran la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios gallegos en el 30%.

Tras un primer reintegro del 25% de la extra pendiente a principios de este año, los funcionarios de la Xunta también recuperarán otro 26,23% antes de que termine el ejercicio, pero todavía no hay plazo para el reintegro de la mitad de la paga que desde hace tres años les adeuda la Administración.

Valeriano Martínez transmitió ayer a los representantes sindicales que la Xunta traspondrá a Galicia los presupuestos avanzados por el Gobierno español, que prevén una subida salarial a los empleados públicos del 1% en 2016 e implantar una tasa de reposición -de plazas vacantes- del 100% para los servicios esenciales y de un 50% para el resto. "Estas medidas tienen como objetivo hacer una convocatoria de empleo público para 2016 en Galicia para lavar la cara al PP ante las autonómicas del próximo año y como parte de la campaña electoral de Feijóo", lamentó el área pública de la CIG, que da por hecho que esa cobertura será insuficiente.

Ramiro Otero, por su parte, exige al Gobierno de Feijóo que si defiende que la recuperación económica ha llegado, tiene que asumir el acuerdo de negociación colectiva y fijar un incremento salarial superior al 1%.