El titular del juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional aprecia indicios de delito de colusión -pacto ilícito de precios en perjuicio de un tercero- en la forma de actuar de cinco petroleras por supuestamente haber pactado precios de venta al por menor de carburantes.
Andreu decidió así admitir a trámite dos querellas presentadas contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp y sus máximos directivos por el sindicato Manos Limpias y la asociación de consumidores y usuarios José María Mena. El auto, dictado el pasado 3 de septiembre, unifica las dos denuncias en una sola causa que se investigará a partir de ahora. Las querellas presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y Manos Limpias han llevado al magistrado a exigirles una fianza para hacer frente a posibles costas judiciales de 1.000 y 10.000 euros, respectivamente.
Además de admitir a trámite las querellas ahora unificadas, el juez acuerda pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación relativa al expediente incoado por pactar precios en 2013 -que se saldó con multas por casi 23 millones de euros- y recibir declaración de los querellados.
Los querellados son Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz; Cepsa y su expresidente Khadem al Qubaisi; Disa y su consejero delegado, Raimundo Baroja; Meroil y su presidente, José Luis Porte, y Galp Energía. En el auto, el juez considera que las querellas cumplen con los requisitos formales y procesales para su admisión a trámite y que los hechos descritos en ella encajarían, de confirmarse, en el concepto de "defraudación".
Las querellas fueron presentadas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionase el 25 de febrero pasado con 32 ,4 millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil por supuesto pacto de precios. Las dos grandes distribuidoras fueron las mayores perjudicadas por las multas, dado que se le impusieron 20 millones a Repsol, otros 10 a Cepsa, 1,3 millones a Disa, 800.000 euros a Galp y 300.000 euros a Meroil.
El organismo que vela por la libre competencia del mercado acusaba a las empresas de prácticas prohibidas de coordinación en materia de precios, intercambio de información y pactos de no agresión. Las sanciones fueron el resultado de un expediente abierto en julio de 2013 por la desaparecida Comisión Nacional de Competencia (CNC), luego sustituida por la CNMC.
La CNMC defendía la existencia de un pacto entre Cepsa y Repsol para coordinarse en las estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca (provincia de Zaragoza) en julio de 2013; otro de no agresión entre Repsol y Cepsa en julio y agosto de 2011 en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra; y varios intercambios de información estratégica entre Cepsa y Repsol durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora.
El organismo revelaba además otro acuerdo de no agresión en precios entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre de 2011 y un acuerdo entre ambas compañías en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013. Documentaba por su parte diversos intercambios de información entre Disa y Meroil en 2012 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (Barcelona) y en 2013 en relación a sus márgenes operativos.
El cuarto hecho supuestamente contrastado por el regulador era un intercambio de información entre Galp y Meroil relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013.
Las sanciones salieron adelante a pesar de que en la sala de la CNMC que los votó hubo voces contrarias a las multas y lo hicieron constar en votos particulares. Tanto el expediente como las sanciones abrieron un frente entre las petroleras afectadas y la CNMC, dado que Repsol y Cepsa recusaron a su presidente, José María Marín y a otras dos consejeras por enemistad manifiesta, pero el organismo regulador las rechazó.
Además de este expediente, el regulador abrió otro a Repsol, Cepsa y BP por coordinar precios de productos petrolíferos entre sí y con empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución. Cepsa fue sancionada con 2,5 millones y BP, con 800.000 euros, mientras que el expediente contra Repsol fue paralizado por un recurso de la compañía ante la Audiencia Nacional.
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró ayer desconocer la decisión de la Audiencia Nacional y subrayó que quien vigila que no existe "situación oligopolística o de concertación de precios" es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".
"Nosotros ponemos a disposición de ella toda la información que tenemos a nuestra disposición para que analicen continuamente el mercado. En su momento hubo una petición de la Fiscalía de que le diéramos toda la información que teníamos en nuestro poder, y no sé exactamente que es lo que ha ocurrido", dijo Nadal a preguntas de la prensa.
