El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ordenó ayer el embargo de bienes por un importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, incluida la pensión vitalicia que le corresponde del Fondo Monetario Internacional (FMI), que percibe en calidad de exdirector gerente del organismo que ahora dirige Christine Lagarde.
Según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el embargo de los bienes se produce después de que el exdirector gerente del FMI y exministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar (PP) no haya hecho efectiva la fianza que se le exigía por haber sido imputado por posibles delitos de corrupción entre particulares, fiscal y de blanqueo de capitales.
El pasado mes de mayo, el mismo juzgado, que es el órgano que investiga a Rato por cinco supuestos delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, le impuso una fianza de 18 millones de euros si quería que le desbloquearan sus cuentas y depósitos. Entonces, las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones, además de otros productos financieros de Rato, fueron bloqueados como medida cautelar a la espera de la decisión del ex alto cargo del Gobierno.
Los supuestos delitos de corrupción entre particulares, tributario y de blanqueo de capitales constituyen las acusaciones de que es objeto en uno de los cuatro sumarios e investigaciones judiciales que pesan sobre Rodrigo Rato, nacido en Madrid 1949. El exministro del PP entre 1996 y 2004 también afronta otras tres causas vinculadas a su gestión al frente de Caja Madrid y de Bankia: por la gestión y salida a Bolsa del banco, por el escándalo de las tarjetas opacas al Fisco de esta entidad y por los pagos realizados por el banco Lazard a Rato y la contratación de Lazard por Bankia.
Precisamente, el titular del juzgado número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, tomó ayer declaración, en calidad de imputado, al abogado Domingo Plaza por los presuntos delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales en el caso Rato. Plaza, al que no se impuso ninguna medida cautelar, es el tercer imputado en este procedimiento junto con Rato y el empresario Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la cual el exdirector gerente del FMI cobró supuestamente comisiones de dos empresas a cambio de contratos de publicidad de Bankia. Portuondo está en prisión por el riesgo de que pudiera fugarse o destruir pruebas.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción destaca en un informe que una sociedad patrimonial de Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero "cuyo origen se desconoce". Así consta en un recurso presentado ayer por la Fiscalía Anticorrupción en el que reclama que Andreu asuma la investigación sobre el patrimonio de Rato argumentando que el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye se produjo en el extranjero y que, si los juzgados de Madrid asumieran la instrucción, las comisiones rogatorias internacionales que deberán realizarse con otros países "se verán claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos".
Críticas de la oposición
El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, afirmó ayer en el Congreso que el icono económico del PP es el que ha encarnado Rodrigo Rato, un modelo que, a su juicio, ha quedado "embargado" como el propio exvicepresidente del Gobierno, tras una orden judicial. Saura señaló que el capitalismo "de amiguetes" y la cultura "del pelotazo", un modelo que atribuye al Ejecutivo del PP, tiene consecuencias "muy negativas" para la economía, para la igualdad de oportunidades y la competitividad.
