El Ministerio de Empleo, a instancias del sindicato UGT, tiene previsto poner la lupa de la actuación inspectora en los contratos de menos de siete días de duración para detectar si hay posibles fraudes en la contratación. El sindicato que dirige Cándido Méndez exigió más sanciones por el uso injustificado de contratos de una semana o menos en aquellas empresas que, de manera reticente, utilizan "sin justificación" esta modalidad, y pidió información a la Seguridad Social para saber si estas empresas abonan la sobrecotización que les corresponde. Así lo indicó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que advirtió de que estas empresas podrían estar burlando el sistema para no pagar el sobrecoste empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, que se incrementa un 36% para contratos inferiores a siete días, salvo interinidad y actividad agraria.

Ferrer explicó que el sindicato pidió información a la Tesorería General de la Seguridad Social y recordó que este organismo envió una circular en 2010 donde ya decía que había detectado que algunas empresas no aplicaban correctamente el recargo. También comentó que la Seguridad Social prometió estudiar y "poner orden" en este caso, para saber quién paga y quién no.

Según el informe del sindicato, los contratos de hasta siete días suponen el 22,5% del total, lo que en números absolutos, solo en julio se tradujo en 403.708. Este porcentaje es un punto superior al registrado antes de la crisis, ya que en julio de 2007 era el 13,5%. Del total de contratos de una semana o menos, el 74% son eventuales por circunstancias de la producción, el 18% por obra y servicio y el 7% por interinidad. El estudio constata que no hay diferencias entre hombres y mujeres y por edades, los contratos de muy corta duración se dan más en el tramo de 20 a 35 años y en el grupo con edades entre los 35 y 50 años. Por sectores, la hostelería acumula el 37,8% de los contratos de corta duración, seguido de la industria manufacturera, con el 27,5%, y las actividades sanitarias y servicios sociales, el 23,8%.

Para acabar con esta precarización, UGT reclama un seguimiento de la Seguridad Social pero también abogó por intensificar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo. Además, apostó por "endurecer" los límites de encadenamiento de contratos con topes específicos. Ahora hay un tope de 24 contratos en 30 meses.