Vodafone no cierra la batalla que mantiene con la antigua cúpula de ONO, la que estaba al frente, con José María Castellano en la presidencia, de la cablera hasta su adquisición por la firma británica. Acusa al que también fue presidente de Novagalicia, a la exconsejera delegada, Rosalía Portela, y al exdirector financiero, Carlos Sagasta, de infringir sus deberes "fiduciarios" como administradores y de no haber extremado los controles sobre la empresa como máximos responsables de la compañía cuando ésta se vio involucrada en un fraude de IVA. En otras palabras, la multinacional de las telecomunicaciones achaca a la anterior cúpula de ONO falta de diligencia, control y buen hacer ante el grave problema fiscal, que, insiste Vodafone, está "acreditado" por la Agencia Tributaria.
Ésta es la razón, según explicaron fuentes de la compañía a Europa Press, de que Vodafone presentase una demanda de responsabilidad social que se tramita actualmente en el juzgado de lo Mercantil competente.
La compañía reclama a los antiguos consejeros ejecutivos de ONO una indemnización solidaria por importe de más de 140 millones de euros. Por esa razón optó por bloquear el bonus millonario que ONO tenía acordado con los directivos demandados por la venta a Vodafone.
La Agencia Tributaria, como destacan las mismas fuentes, inició una inspección a ONO centrada en el negocio de reventa internacional de voz desarrollado entre 2012 y 2014, cuando se produjo la venta de ONO, mientras Portela, el gallego José María Castellano y Sagasta eran los responsables de la gestión. Las conclusiones fijan una deuda tributaria de más de 72 millones de euros al considerar la Agencia Tributaria que las cuotas de IVA soportadas por ONO no eran "deducibles". Vodafone dio por acreditado el fraude y regularizó la situación "heredada" tras la compra para evitar así un perjuicio "mucho más significativo". La firma tiene "plena confianza" en la justicia y en "la calidad y solidez" de sus actuaciones para "resarcir" los daños causados presuntamente por los directivos.
La Agencia Tributaria establece en su escrito la constatación de que cuotas repercutidas a Ono, y que ésta había deducido, no habían sido ingresadas en el Tesoro Público. Añade además "otras circunstancias concurrentes que inducen al convencimiento de la existencia de una trama defraudatoria de IVA de la que Cableuropa (Ono) se ha beneficiado y que, de haber sido mínimamente diligente, habría, cuando menos, tenido indicios de la existencia de operaciones irregulares, lo que habría debido llevarle a evitar su implicación en tales operaciones".
La operadora británica comunicó en marzo de 2014 la compra de la firma de cable española por un importe de 7.200 millones de euros, incluyendo deuda, si bien la operación no se cerró hasta el verano una vez recibida la aprobación por parte de la Comisión Europea.
José María Castellano, al que este diario intentó ayer solicitar su versión sin éxito, anunció ya hace un año una querella contra Vodafone por vulnerar su honor y negó estar implicado en cualquier tipo de actividad irregular que, además, detalló no le habría producido ningún beneficio personal.
