La Audiencia Nacional condena a la antigua cúpula de Novacaixagalicia por el el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascienden a 14 millones de euros, y que deberán restituir íntegramente al fondo de rescate español, el FROB.. A José Luis PegoJosé Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada se les considera autores de un delito de administración desleal; y a Julio Fernández Gayoso Julio Fernández Gayosoy el asesor externo Ricardo Pradas, cooperadores necesarios. La pena para cada uno es de dos años de prisión, la devolución de las cantidades que, según la sentencia, no debieron cobrar, una multa de 75.000 euros y la inhabilitación para trabajar en el sector financiero. Javier García de Paredes queda absuelto y conserva la indemnización que percibió ante la petición expresa de que así fuera por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
La sentencia que acaba de conocerse sostiene que los condenados "realizaron una conducta que rompiendo el vínculo de lealtad que unían a los administradores de la sociedad, le causaron a dicha sociedad un perjuicio patrimonial concreto" y da por hecho que buscaron "una situación todavía más favorable económicamente" con la mejora de contratos antes de desistir. El fallo insiste en que dispusieron "fraudulentamente" de los bienes de la entidad, "vulnerando deliberadamente la legislación comunitaria y española sobre remuneraciones de altos directivos teniendo en cuenta que la entidad estaba participada por el Estado mediante la correspondiente aportación de dinero público".
Sobre Gayoso y Pradas, la resolución señala que "aportaron su colaboración con hechos relevantes sin los cuales el delito no se hubiera cometido".
El reintegro de cantidades asciende a 8,7 millones de euros en el caso de Pego; 5,3 millones en el de Gorriarán; y 240.000 euros por parte de Rodríguez Estrada. Todo el dinero irá a parar el FROB porque, apunta la sentencia de la Audiencia Nacional, "Novacaixagalicia ha desaparecido como persona jurídica y era una entidad participada enteramente por el FROB".
Novacaixagalicia, entidad nacida de la fusión de Caixanova y Caixagalicia, valía 181 millones de euros pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron los condenados en 2010. La cantidad, en realidad, fue sufragada por el fondo de rescate español, el FROB, "organismo público que posibilitó" que la entidad subsistiera gracias al dinero público inyectado", que fue de 1.162 millones de euros, aseguran en su resolución, de 188 folios.
La sala considera que el fondo ha sido el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que dictaminan que los condenados restituyan las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a NCG, que así lo reclamó en el juicio que culminó el pasado julio, en la que ejercía como acusación particular.
La Audiencia Nacional argumenta que, pese a que los exdirectivos eran conscientes de la mala situación del banco, ello no les impidió mejorar "intencionadamente" sus contratos para el caso "más que probable, por razonable", de que iban a salir de la nueva entidad fusionada "dada su gestión anterior" en las cajas.
Todo ello fue posible con la "ayuda inestimable" de Fernández Gayoso y el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos, que actuaron como cooperadores necesarios para que en ellos "se obviara" la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos en entidades nacionalizadas "ignorando deliberadamente" las limitaciones que fija.
La sentencia, que es recurrible, les impone también el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos.
