Galicia es la novena comunidad de España con más casos de fraude en prestaciones de la Seguridad Social. La autonomía ocupa el puesto intermedio (con ocho por encima y ocho por debajo) tras contabilizar el año pasado 804 infracciones de empresas y trabajadores por irregularidades en el cobro de prestaciones de desempleo, jubilación, invalidez e incapacidad temporal. Y no está en la parte alta pese a ser la tercera con más inspecciones, con 7.703, solo por detrás de Andalucía (13.179) y Cataluña (11.257), lo que rebate la idea de que la comunidad tiene altos índices de fraude.

En la presente legislatura una de las prioridades del Ministerio de Empleo fue la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó un plan que incluye entre sus objetivos "corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias creadas con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social". Para lograrlo, el Gobierno aseguró que en 2014 se "intensificaron" las actuaciones de la Inspección de Trabajo.

En Galicia se realizaron el pasado año 7.703 actuaciones de control de prestaciones y se detectaron 804 infracciones de empresas y trabajadores, con una propuesta de sanción en conjunto de casi tres millones de euros. Fruto de esas actuaciones, se propuso la baja de 599 trabajadores de la comunidad como beneficiarios de prestaciones. En la mayor parte de los casos, el fraude se detectó en prestaciones por desempleo, personas que las cobraban pese a estar trabajando y que por tanto incurrieron en compatibilización indebida, infracción calificada como muy grave. En esos supuestos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social notifica al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) los datos de los trabajadores para que se suspenda cautelarmente el abono de las prestaciones y, en el caso de que se confirme la resolución, para que se proceda a la extinción de la prestación o subsidio.

De las 804 infracciones en prestaciones cometidas por empresas y trabajadores en Galicia, 645 correspondieron a desempleo. Otras 24 afectaron a jubilaciones, siete a invalidez y las 128 restantes a prestaciones por incapacidad temporal.

Según los datos del Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2014, difundido recientemente por el Ministerio de Empleo, Galicia registra pocas infracciones para el volumen de inspecciones realizadas. Si la comunidad gallega contabilizó 804 fraudes en 7.703 inspecciones, en otras como Comunidad Valenciana (2.466 en 6.532 controles), Madrid (1.979 en 3.718), Castilla-La Mancha (1.233 en 3.645), Baleares (1.097 en 1.275) y Canarias (1.016 en 2.710) la proporción en mucho mayor.

Mientras, Andalucía fue la autonomía con más infracciones en prestaciones, con 5.399, seguida de Cataluña (3.158), Comunidad Valenciana (2.466), Madrid (1.979) y Castilla-La Mancha (1.233).

Dentro de la lucha contra el fraude de las prestaciones, el Ministerio de Empleo detectó en todo el Estado "el desarrollo y proliferación" de las conocidas como "empresas ficticias". El fraude consiste en crear firmas sin actividad con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones, subsidios o permisos de residencia mediante contratos de trabajo falsos. Para atajar el fraude, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social firmaron una instrucción conjunta para la lucha contra las empresas ficticias. Asimismo, y como medida derivada del plan de lucha contra el empleo irregular, la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que modifica el Código Penal, introdujo un nuevo artículo que añade un tipo delictivo que penaliza el disfrute indebido de prestaciones de la Seguridad Social y que considera delito la actividad de esas empresas ficticias cuando genera un perjuicio económico a la Seguridad Social. También establece la posibilidad de que los asesores con esa conducta sean responsables de delito.

En lo que respecta a la lucha contra esta tipología de fraude, en 2014 se realizaron 25.457 inspecciones en España. El número de infracciones detectadas ascendió a 4.487 y el número de altas ficticias anuladas (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones) fue de 17.880. En este caso, el Ministerio no ofrece datos por comunidades.

Haz click para ampliar el gráfico