Las "políticas sociales" son uno de los "ejes" que "marcan" la política del Gobierno gallego y también seguirán siendo "asuntos prioritarios" el próximo año. Así lo señaló ayer Alberto Núñez Feijóo, al término del último Consello de la Xunta del año, donde quiso demostrarlo a través de la autorización de una paga extra a pensionistas no contributivos (unos 42.000 gallegos) por valor de 206 euros y con la aprobación del bono de alquiler social, que pone a disposición de familias con escasez de recursos una ayuda de 150 euros al mes durante doce meses, prorrogables por otro período similar, a las que puede sumarse una aportación adicional de 450 euros para echarles una mano a la hora de afrontar "facturas pendientes" o nuevas fianzas.

El titular del Gobierno gallego informó del decreto que establece, como en años anteriores, el complemento extraordinario de 206 euros para los perceptores de pensiones no contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimo, en total más de 42.000 beneficiarios en la comunidad. Feijóo destacó que esta medida busca "ayudar a quien más lo necesita" y recalcó que Galicia, que destina a este complemento un montante de 8,7 millones de euros, se convierte así "un año más" en la comunidad que más paga en el ámbito de esta paga excepcional "a los no contributivos". "Estamos a la cabeza del Estado", subrayó, "y solo hay tres comunidades que hacen este esfuerzo". La Xunta mantuvo ese complemento establecido ya en el bipartito durante los últimos años con una cuantía de 206 euros.

Los perceptores de pensiones no contributivas no tendrán que hacer nada: el importe les será ingresado de oficio, explicó Feijóo, "directamente" en su cuenta bancaria dentro de los diez primeros días del mes de enero. "Será abonada en un pago único", señaló, "para apoyar a las familias con menos recursos". En esa línea recordó que su Ejecutivo elevará un 24% las partidas para inclusión social en 2016 y se superarán los 86 millones.

En esa política social se incluyen las medidas promovidas por la Xunta para evitar que las familias pierdan sus hogares. Feijóo recordó que a las iniciativas ya existentes (una decena) se suma la aprobación por el Consello del bono de alquiler social en la convocatoria para 2016, que dispondrá de una inversión de 4 millones de euros -que puede ser "ampliable"- para "garantizar" una vivienda a las familias en riesgo de perder su hogar. La ayuda es de 150 euros al mes con un tope de dos años, junto a 450 euros adicionales para formalizar un nuevo contrato o pagar recibos pendientes si los beneficiarios se quedan en la vivienda.

La convocatoria de 2016 amplía los supuestos de cobertura de las ayudas, limitadas a rentas que no superen 1,5 veces el Iprem: quienes afronten una demanda de desahucio o una resolución de desahucio por no poder pagar el alquiler, víctimas de violencia de género que no pueden asumir el coste de un piso y estén en una casa de acogida y familias que hayan perdido su hogar por circunstancias imprevistas, como un incendio. Feijóo llamó a difundir estas medidas porque "no se conocen por los afectados".