Algunos indicadores de la economía española empiezan a remontar tras tocar suelo o techo y apuntan a que la situación mejora respecto a los años más duros de la crisis. Es el caso de las insolvencias y concursos de acreedores, que tras marcar máximos en los últimos ejercicios, el año pasado descendieron considerablemente, lo que también derivó en un retroceso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados por las empresas. La mejoría en el ámbito empresarial beneficia indirectamente a las arcas del Estado y a organismos adscritos al Ejecutivo central como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se hace cargo de los salarios e indemnizaciones por despido que las compañías insolventes no pueden afrontar. Los pagos realizados por este ente autónomo durante 2015 descendieron a la mitad, de los 2.288 millones desembolsados en 2014 a los 1.136 del pasado ejercicio. En el caso de Galicia, el gasto del Fogasa bajó casi un 40%, de los 135 millones abonados en 2014 a los 82,6 del año pasado, lo que supone además el primer descenso en la comunidad gallega -en España ya había caído en 2013- desde el inicio de la crisis.

Dos tercios (54,7 millones) del desembolso realizado por el Fondo de Garantía Salarial en Galicia durante 2015 tenían como destino el pago de indemnizaciones por despido de trabajadores, mientras que el 33% restante correspondía a salarios adeudados. El organismo tramitó en la comunidad gallega un total de 8.628 expedientes, vinculados con 3.338 empresas y que permitieron a 12.346 profesionales cobrar las cantidades que les debían las compañías para las que trabajaban.

En el conjunto de España los pagos del Fogasa se reparten casi en la misma proporción que en Galicia entre salarios (385 millones) e indemnizaciones (751 millones). La actuación del organismo adscrito el Ministerio de Empleo permitió cobrar a 106.407 trabajadores que eran acreedores de sus empresas, con un total de 43.112 firmas involucradas en los 114.242 expedientes resueltos durante el pasado ejercicio.

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El gasto de este ente marcó máximos tanto en España como en Galicia en 2014 tras numerosos años de incrementos casi ininterrumpidos. En el caso de la comunidad gallega el repunte fue constante, desde los 10,7 millones de 2007 a los 135,3 de 2015, lo que supone multiplicar casi por trece el desembolso. El del año pasado fue el primer descenso desde el inicio de la crisis.

Mientras, en el caso del conjunto del Estado, los abonos del Fogasa pasaron de los 380 millones en 2007 a los 1.530 de 2012. Un año después el gasto cayó levemente, hasta los 1.373 millones, pero subió nuevamente en 2014 hasta marcar máximos (esos 2.288 millones), lo que supone multiplicar por seis el gasto desde 2007, como consecuencia de que en 2014 se pagaron muchos expedientes que acumulaban varios años de retraso.

Por provincias, la gallega en la que el Fogasa tuvo que abonar más fondos a los trabajadores durante 2015 fue Pontevedra, con más de la mitad, por encima de los 44 millones de euros. La mayor parte de ellos (30,4 millones) fue para afrontar las deudas por indemnizaciones pendientes y los casi 14,3 restantes para salarios, que beneficiaron a más de 6.800 empleados de la provincia.

A continuación aparece A Coruña, con 26,8 millones de desembolso, 17 millones para compensaciones y 9,8 para sueldos, que permitieron aliviar la situación económica de cerca de 3.900 trabajadores. El tercer puesto corresponde a Ourense, con 5,7 millones repartidos entre 907 empleados, y el cuarto a Lugo, con 5,4 millones de euros entre salarios e indemnizaciones para 745 profesionales.

Por comunidades, las que más fondos recibieron del Fogasa durante 2015 fueron Cataluña, con más de 281 millones de euros, seguida de Madrid (195), Andalucía (134), Comunidad Valenciana (94) y Galicia, en el quinto lugar. Las que menos recursos requirieron fueron La Rioja (ocho millones), Cantabria (12,1 millones), Baleares (13,1) y Navarra, con 18,8 millones de euros.