Las dos fábricas del grupo Sargadelos saldrán del concurso de acreedores en las próximas semanas, en cuanto la titular del juzgado de lo Mercantil número 2 confirme en una sentencia el acuerdo al que hace unos minutos acaba de dar una mayoría amplísima de los acreedores ordinariosacuerdo acreedores .
La Tesorería de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la banca (Abanca, CaixaBank, BBVA y el Santander) han respaldado esta mañana la propuesta de convenio, que obtuvo un apoyo de en torno al 80% de los acreedores con derecho a voto. El acuerdo prevé una quita del 50% y una espera de cinco años para Hacienda, Fogasa y Seguridad Social y de 10 años para el resto de acreedores ordinarios.
El acuerdo se ha alcanzado un año después de que este mismo juzgado aplazara la vista por un incidente planteado en el concurso de Sargadelos relacionado con impugnaciones al inventario y la lista de acreedores del grupo, que reclaman derechos de propiedad industrial.
Los herederos de Isaac Díaz Pardo buscaban reivindicar su figura en las factorías de Sargadelos, pues consideraban que en ellas se olvidaron "los ideales progresistas, galleguistas y culturales".
Tanto Xosé Díaz Arias como sus dos hermanos pedían que se les reconociera una deuda y por eso los tres se posicionaron "como acreedores" dentro del concurso de las fábricas de O Castro, en Sada, y de Sargadelos, en Cervo.
En abril de 2014, el juzgado de lo Mercantil constató en el auto en el que declaró el concurso obligaciones vencidas e impagadas de ambas factorías por casi siete millones de euros.
A fecha 31 de enero de 2014, las obligaciones vencidas e impagadas de la sociedad dominante ascendían aproximadamente a la cantidad de 3.178.046,98 euros, y las de la sociedad dominada a 3.738.270,82 euros.
Con anterioridad, la empresa puso en marcha un Expediente de Regulación de Emple que afectó a 70 trabajadores, cuya legalidad fue avalada por el Tribunal Supremo.
Un total de 29 empleados de Cerámicas O Castro, en la localidad coruñesa de Sada, y otros 41 de Sargadelos, en Cervo, en la provincia de Lugo, fueron despedidos en un proceso que también el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideró ajustado a derecho.
