La demanda colectiva que la Fiscalía provincial de A Coruña presentó contra Gas Natural Fenosa por facturación abusiva quedó vista para sentencia tras el juicio celebrado ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, en el que el abogado de la compañía eléctrica responsabilizó de la demora y de los errores en la lectura de contadores que desencadenan las facturas erróneas a la compañía distribuidora, aunque pertenecen al mismo grupo empresarial.
El letrado rebatió en sus conclusiones todos los argumentos de la demanda colectiva, defendida por el fiscal Juan Aguirre Seoane, que exige que se declare abusiva la práctica de Gas Natural Fenosa de enviar facturas con consumos de más de un año de antigüedad, prohibirla para que no se den nuevos casos en el futuro e impedir que se pueda cortar la luz o inscribir en un registro de morosos a los clientes que no abonen esos recibos. La firma sostiene sin embargo que la demanda está mal planteada porque no es contra la empresa responsable, pero también porque "habla indistintamente de cláusula y práctica abusiva". El fiscal sin embargo citó una sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife para defender que esas dos empresas "pertenecientes al mismo grupo" deben resolver sus diferencias entre ellas.
La demanda colectiva, presentada en octubre, fue dirigida contra Gas Natural Fenosa, pero ésta es la denominación comercial de Gas Natural Sur, que es la comercializadora del grupo. La compañía alega que las firmas comercializadoras son las encargadas de facturar el servicio que presta la distribuidora, y que es ésta la responsable de leer los contadores y enviar la información sobre la que luego se elaboran los recibos.
El abogado reconoció que la legislación prevé un plazo máximo de un año -uno de los principales argumentos de la Fiscalía en la demanda- para corregir "errores administrativos" como la ausencia de lecturas por motivos ajenos al consumidor pero matiza que el plazo no se debe computar de la emisión de la factura hacia atrás, sino desde el "descubrimiento del error". El abogado añadió que no existe ningún plazo máximo para que una firma transmita a otra la información con la que luego se expiden las facturas: "El fiscal pretende legislar, establecer obligaciones a la comercializadora cuando la ley se los pone a la distribuidora".
Recibos de hasta 3.000 euros
El juicio se celebró apenas dos semanas después de una vista previa para discutir las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía para que Gas Natural cese en la práctica que el Ministerio Público considera abusiva al menos mientras la sentencia no sea firme. El juez sin embargo todavía no ha resuelto sobre esta cuestión, aunque se espera que lo haga en breve.
El fiscal explicó ayer durante la exposición de sus conclusiones que entre las facturas que acompañan su demanda existen algunas emitidas en 2014 que reclaman consumos de 2011 y cobros de más de 3.000 euros que fueron anulados en expedientes del Instituto Galego de Consumo (IGC) con una sanción para la eléctrica. De los 65 casos que acompañan la denuncia -sólo referidos al área de A Coruña- 22 fueron recabados entre las reclamaciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de A Coruña y otros 44 de expedientes sancionadores del IGC.
El representante legal de la eléctrica insistió en acusar al fiscal de pretender extender el plazo máximo de un año previsto sólo para corregir errores técnicos de lectura de contadores o administrativos a los casos de fraude y vetar las regularizaciones anuales que se dan en facturación estimada cuando no es posible leer el contador. "La ley incluso permite hacer una regularización anual estimada si el cliente no facilita la lectura", incidió.
El fiscal Aguirre volvió a argumentar en el juicio que si Gas Natural Fenosa retiró las facturas que motivaron los expedientes y pagó las sanciones es porque reconoce que incumplió la ley, lo que soliviantó al abogado de la eléctrica. La firma lo niega, alega que abonó las multas y reconoció los hechos recogidos en los expedientes porque ello implica una rebaja en las sanciones, el mismo motivo -económico y de reputación- que le lleva a abonar las multas sin recurrirlas. El abogado defendió incluso que entre los expedientes del IGC aportados con la demanda existen cuatro casos de fraude. "En ningún caso Gas Natural Sur ha admitido haber actuado contra la legalidad"; "Nunca se ha facturado nada por encima de la realidad", llegó a proclamar el representante legal de la eléctrica.
