El Programa de Activación para el Empleo diseñado por el Gobierno para facilitar el acceso a un puesto de trabajo a los parados de larga duración „los que llevan más de un año desocupados„ con cargas familiares y que han agotado todas las prestaciones y subsidios está muy lejos de alcanzar los objetivos que se marcó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ahora en funciones. Este plan concede una ayuda económica de 426 euros a los beneficiarios a cambio de que participen en un programa de recualificación laboral, con el fin de que pueda encontrar una nueva ocupación. En el caso de Galicia, sin embargo, solo el 20% de los desempleados que recurrieron al programa lograron un trabajo nuevo. Fueron solo 757 de los 3.758 que cobraron la ayuda desde que entró en vigor esta prestación, en enero de 2015, hasta el pasado 20 de febrero.
Pese a todo, la proporción gallega de éxito es superior a la del conjunto del Estado, donde solo el 16% de los beneficiarios del programa logró una nueva ocupación. En total accedieron al plan de recualificación cerca de 100.000 desempleados de larga duración con cargas familiares y solo encontraron trabajo 15.212, el 16%. Estos 15.212 afortunados son, además, solo el 4% de los 400.000 potenciales beneficiarios del programa que calculó en su día el Gobierno.
Por comunidades, el mayor índice de colocación del plan de activación para el empleo corresponde a Navarra (27%) y La Rioja (24%), mientras que la peor tasa de éxito es compartida por cuatro autonomías: Andalucía, Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana, con solo un 15% de beneficiarios que lograron una nueva ocupación.
El Ministerio de Empleo en funciones, sin embargo, aseguró en declaraciones a Efe que un 15% de insertados en el mundo laboral es un "éxito colectivo", mientras que los responsables de CCOO y UGT tildan de "fracaso" los resultados de esta ayuda que, a su juicio, no se ha publicitado lo suficiente.
De hecho, los sindicatos critican que de los 850 millones de euros presupuestados en 2015 para aplicar esta medida, solo se ejecutó el 19% del total, unos 160 millones, con lo que quedó un remanente de 690 millones sin gastar. Para este año el Ejecutivo presupuestó otros 350 millones hasta el próximo día 15.
En declaraciones a Efe, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, informó de que el sindicato, junto a CCOO, remitió al Ministerio de Empleo una carta en la que piden al Gobierno que explique "dónde se han utilizado" esos 1.040 millones presupuestados. Barrera teme que el Gobierno haya querido "ahorrar" a costa de los parados de larga duración con cargas familiares y haya optado por no gastar esa partida para no sobrepasar aún más el déficit.
El secretario confederal de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, denunció, por su parte, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aplicó el programa de forma restrictiva desde un principio e insistió en la necesidad de enviar "una carta personalizada" a los 400.000 beneficiarios estimados inicialmente.
Bravo aseguró que el Ministerio de Empleo se "resistió" a hacer esto porque teme que se "colapsen" las oficinas del antiguo Inem. "Si la gente no tiene información de que puede ser beneficiaria del programa, no lo solicita", sentenció el sindicalista.
El responsable de Comisiones Obreras aseguró que el programa es insuficiente porque la "necesidad subsiste" y reclamó al Gobierno "una aplicación proactiva del programa y la revisión de los requisitos de acc
