El secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en San Cibrao, José Antonio Zan, recuerda a menudo estos días cómo Pedro Ferreras, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que firmó la venta de Inespal a Alcoa calificó aquel negocio como ruinoso. Los datos le dan la razón y son elocuentes.
La multinacional aluminera estadounidense obtuvo unos beneficios netos en las plantas de A Coruña y Avilés de al menos 1.731 millones de euros hasta 2014, según las cuentas que el grupo depositó en el Registro Mercantil. Los resultados de San Cibrao, una planta muy superior en personal y tamaño, dejaron un saldo de 191 millones sólo entre 2010 y 2014, según la información consultada por este diario en el Registro Mercantil, con lo que sin contar las cifras de San Cibrao correspondientes al periodo 1998-2010, Alcoa obtuvo unas ganancias de 1.894.948 euros, que multiplican por cinco los 383 millones que pagó en 1998 por todo el grupo Inespal, formado por las tres plantas actualmente en proceso de venta y otras siete de las que la multinacional se ha desprendido desde entonces.
Las fábricas de A Coruña y Avilés pertenecían hasta 2013 a una única sociedad, Alcoa Inespal S.L, que entre 1998 y 2011 ganó 1.492 millones, según cuentas oficiales consultadas por el comité de empresa. La firma perdió 55 millones en 2012, ganó casi otro tanto (53 millones) al año siguiente y en 2014 -cuando segregó la sociedad en Alcoa Inespal Coruña S.L. y Alcoa Inespal Avilés S.L.- cerró con 218,3 millones de beneficio, según consta en el Registro Mercantil. Ese mismo año la planta de A Coruña tuvo unas pérdidas de 610.000 euros y la de Avilés, con otros cuatro millones. La planta de San Cibrao, por su parte, está formada por dos sociedades; Aluminio Español S.A. y Alúmina Española S.A., de la que Alcoa controla el 60% y la australiana Alumina Limited el restante 40%. Alúmina Española arrojó pérdidas en todos los ejercicios entre 2010 y 2014, pero en su mayor parte fueron enjugadas con los resultados de Aluminio Español S.A. El saldo en beneficios fue por tanto de 25,4 millones en 2010 y de 39,8 al año siguiente. 2012 fue el único ejercicio con números rojos, de 29,6 millones, que se recuperaron con creces en 2013, con un resultado neto de 50,7 millones y en 2014 (45,4 millones).
Desde que el pasado lunes salieran a la luz los planes de Alcoa de buscar comprador para las tres fábricas que le quedan en España, los trabajadores han insistido en que el grupo norteamericano apenas ha invertido en sus centros de trabajo, y que ha aprovechado todo el beneficio logrado para levantar nuevas factorías en "paraísos energéticos", como Islandia o Arabia Saudí. Temen de hecho que ahora se lleven la cartera de clientes y les surtan desde allí con precios mucho más competitivos por el bajo coste de la electricidad en esos países. Alcoa lo niega, asegura haber invertido "más de 420 millones de euros" en la última década y advierte de que el montante más importante se inyectó en A Coruña y Avilés. Fueron cien millones que se destinaron a la modernización de las cubas de electrólisis de tecnología Söderberg, la que emplean las dos plantas. El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, matiza que esa inversión, finalizada en 2010, era obligada por la legislación medioambiental europea y que estaba descontada cuando la multinacional compró el grupo Inespal.
Con los datos (parciales) sobre las cuentas que figuran en el Registro Mercantil y los ofrecidos por Alcoa, el nivel de inversiones desarrollado por Alcoa no alcanza ni el 22% de los resultados obtenidos por la multinacional aluminera en los 18 años que lleva en España.
El acuerdo de venta de la SEPI a Alcoa obligaba al grupo estadounidense a invertir el equivalente a lo que hoy serían 390 millones de euros, y 155 de ellos en "mejoras medioambientales". Alcoa pagó 63.450 millones de pesetas -que hoy equivaldrían a 382 millones de euros-, aunque el Estado ingresó menos de la mitad, unos 114 millones, debido a que buena parte (186 millones) se destinaron a cubrir la deuda que acumulaba el grupo y otros nueve, a pagar a los accionistas minoritarios, según explicaron en 1998 a los periodistas el presidente de la SEPI y el de Alcoa tras firmar el acuerdo de compraventa. Ferreras reconoció que la venta era deficitaria para el Estado pero que cumplía con "objetivos estructurales" marcados por el Gobierno de José María Aznar, ya que se enmarcaba en el proceso de "liberalización energética". El Ejecutivo llegó entonces a facilitar un acuerdo para que Alcoa accediese a una tarifa eléctrica bonificada durante diez años. Alcoa disfrutó de todos esos beneficios pero, según sus trabajadores, no cumplió con sus compromisos de inversión, pese a lo cual, ni la SEPI ni el Ministerio de Industria movieron ficha.
