Jesús Arturo Martínez Iglesias, exsubdirector de la oficina principal de la entonces Novacaixagalicia en Santiago (ahora Abanca), ha aceptado este lunes seis años de prisión por apropiarse indebidamente de 5,6 millones de euros de cuentas de sus clientes entre 2005 y 2011.

De este modo, con un reconocimiento de los hechos y una suerte de "dación en pago", tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares --ejercidas, entre otros, por la Xunta y la USC--, han aceptado rebajar sus peticiones iniciales de nueve y diez años de cárcel, respectivamente.

En concreto, este trabajador de banca jubilado detrajo unos 600.000 euros de 12 clientes que buscaban depósitos de alta rentabilidad, sumados a cerca de 300.000 euros de la Universidad de Santiago de Compostela y 4,3 millones de euros de la Xunta.

Por un delito continuado de apropiación indebida, en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil, Jesús Arturo Martínez ha aceptado una pena de cárcel de seis años y una multa que no llega a 2.000 euros en la que era la primera jornada del juicio contra él, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

¿Dónde está el dinero?

En cuanto a los fondos detraídos, su abogado, Mariano Sierra, ha explicado a los medios de comunicación que en su mayoría se destinaron a una empresa que poseía su cliente, de fabricación de muebles de cocina, y que acabó cerrando a causa de la crisis inmobiliaria.

"Parece ser que las cuentas de dicha empresa recibían la mayor parte de ese dinero, destinado a pagar los gastos corrientes", ha agregado, tras señalar que la prueba de que no tiene esas cantidades es que él está destinado por el turno de oficio. "Quiere decir que no se le encontraron bienes a su nombre ni patrimonio alguno", ha incidido, antes de subrayar: "Rastro del dinero no hay ninguno; en las investigaciones no se encontró".

Y, tras dar cuenta de que en la empresa trabajaba "algún familiar" de Jesús Arturo Martínez y que tenía "una carga laboral importante", ha justificado que su defendido "no supo gestionar el negocio" y, "cuando quiso darse cuenta" de los modos a los que había recurrido para salvar la compañía, estaba "sumido en una vorágine".

Aportó unos 250.000 euros para reparar lo defraudado

A modo de compensación a la entidad bancaria --que ha cubierto las cuentas de los clientes--, ha detallado que el ya condenado aportó entre 200.000 y 250.000 euros, una cuantía a la que se llega sumando el valor de su casa --con una hipoteca--, los ahorros de su plan de pensiones y un depósito que tenía junto con su mujer.

"En relación con la cantidad defraudada puede ser mínimo, pero en términos absolutos... quien entrega todo lo que tiene, evidentemente hizo todo lo que estaba en su mano para reparar el daño", ha esgrimido este letrado de oficio, quien ha avanzado que intentará hacer valer esta circunstancia para evitar "por todos los medios" que ingrese en prisión.

Al menos, como ha explicado, buscará conseguirle "cuanto antes" el reconocimiento del tercer grado. "Puede ser factible a los 18 meses", ha comentado, antes de alegar que "él está arrepentido" y que "no previó que la magnitud de los hechos sería la que finalmente fue".

Asimismo, ha señalado que su cliente siempre llevó "una vida profesional digna y respetable", con la única excepción de estos hechos, puesto que "no tiene antecedentes penales" ni era conocido "por hechos similares a éstos". "Ha sido para todo el mundo una sorpresa: para la comunidad profesional a la que pertenecía y para muchos de los perjudicados, algunos de ellos, allegados", ha finalizado.

Acuerdo "satisfactorio"

Después de que Jesús Arturo Martínez aceptase este acuerdo entre las partes, que evita la celebración del juicio, su abogado ha destacado ante los periodistas a la salida del juzgado que se trata de un pacto "bastante satisfactorio", pues supone "la condena más baja" que procede para los delitos cometidos.