La visita del presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, a las factorías de A Coruña, Lugo y Avilés amenaza con caldear más los ánimos entre los más de 2.000 trabajadores que hace una semana conocieron los planes de la multinacional aluminera estadounidense de buscar un comprador o un grupo inversor para las tres fábricas que le quedan en España y ven peligrar sus puestos de trabajo y el futuro industrial de Galicia. El directivo inició ayer en San Cibrao (Cervo-Xove) una ronda de contactos con los comités de empresa de los tres centros de trabajo, aunque no reveló ningún dato de las pretensiones del grupo ni de los plazos en los que decidirá el futuro de las tres fábricas.

Bartolomé mantuvo el mutismo que rodea la operación durante el encuentro celebrado a la una de la tarde de con los representantes sindicales, los dos directores de planta de San Cibrao y el director de Recursos Humanos de Alcoa España, Borja Alvear. Insistió en que Alcoa ha iniciado un "estudio estratégico" de los centros de trabajo para evaluar posibles alternativas, entre las que se encuentra la venta de una o las tres fábricas, la entrada de nuevos inversores o incluso el mantenimiento de las tres bajo el paraguas de Alcoa sin que nada cambie respecto a la actual situación.

Esta última matización alimenta las especulaciones sobre si la multinacional estadounidense ha lanzado un órdago al Gobierno y amaga con vender las fábricas que dan empleo a más de 2.000 trabajadores -en el caso concreto de Cervo, mantiene la economía de toda A Mariña lucense y genera un 30% de la riqueza de la provincia- para lograr un precio energético más ajustado a sus necesidades. Sería la segunda vez. Alcoa reclama desde hace años que el Gobierno defina un sistema tarifario que le permita tener un precio estable de la electricidad durante entre tres y cinco años para planificar inversiones y producción. El Ministerio de Industria reparte al año 550 millones en primas al recibo de los grandes consumidores industriales dispuestos a reducir o parar el consumo eléctrico en caso de emergencia (interrumpibilidad). La distribución se realiza en una subasta que Alcoa reclama a tres años vista y el Gobierno ha convocado ya en dos ocasiones con duración anual. Ya en la primera subasta, celebrada en 2014, después de no haber alcanzado las bonificaciones necesarias para "producir a un precio competitivo", Alcoa presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 800 trabajadores de A Coruña y Avilés, y amenazó con cerrar las fábricas. El Ejecutivo convocó entonces una puja extraordinaria para repartir las primas que habían sobrado en la ordinaria y con ello paró los despidos de Alcoa.

El presidente de Alcoa España desconoce, según justificó ante los sindicatos, cuándo el grupo concluirá ese estudio estratégico y tomará una decisión sobre los tres centros de trabajo, ante lo que los representantes de la plantilla mostraron su indignación por la falta de transparencia, pero también ante el proyecto de Alcoa de dividir en dos el centro de Cervo y vender sólo la planta de Aluminio Español de San Cibrao para mantener en su poder la de Alúmina Española.

Bartolomé visitará hoy a primera hora el centro de A Coruña, donde los sindicatos advierten que tendrá que escuchar muchas críticas si cumple el guión de San Cibrao y no ofrece información detallada. "No nos esperamos que diga nada porque lleva una semana sin hacerlo", dice Nazario Arias, vicepresidente del comité de empresa.