El Banco Popular ha planteado en su reunión de este martes con los sindicatos que su reestructuración afecte a unos 450 trabajadores en Galicia, el 15% del total --casi 3.000 personas--.
Este dato supondría la salida del 25% de la plantilla en la comunidad gallega, compuesta por casi 1.800 empleados --1.796 según los números de la entidad a 31 de marzo, algo menos de 1.300 en Pastor y algo más de 500 en Popular--.
Son dos puntos más que el porcentaje, del 23%, que representan las 3.000 salidas en el conjunto de la plantilla, formada por unos 15.000 trabajadores.
La empresa, que prevé el cierre de unas 300 oficinas en toda España, ha evitado dar cifras territorializadas a las centrales. En Galicia, Popular-Pastor cuenta con 259 oficinas, unas 30 de Popular y más de 225 de Pastor.
Reacción de sindicatos
En declaraciones a Europa Press, representantes sindicales de Pastor y de Popular que han acudido este martes a la cita en Madrid se han mostrado molestos con la forma de proceder de la compañía, por la comunicación pública a los medios "cuando aún estaba la mesa sentada".
"Es una falta de respeto a los trabajadores", ha censurado Gladis Afonso, de CIG-Banca, mayoritaria en el Banco Pastor. Esta portavoz ha recordado que con la integración de ambas entidades, en 2012, la plantilla gallega "ya sufrió un proceso de reestructuración", que ha cifrado en 800 bajas entre prejubilaciones --unas 400-- y traslados a Madrid --otros 400--.
En cuatro años, "volverse a someter a este proceso es bastante fuerte", ha advertido, antes de comentar que por ahora está "todo en el aire" puesto que la dirección y las centrales solo han iniciado el periodo de consultas previo al inicio formal de las negociaciones de este despido colectivo.
Así las cosas, el viernes vuelven a estar citados y el miércoles que viene será el último encuentro antes de que arranque el plazo previsto por la ley para este tipo de procesos. El banco quiere que el 31 de diciembre "ya esté hecho", según Afonso.
"Falta de sensibilidad"
Este martes, la reunión se ha producido entre ambas partes y con la presencia de la consultora que ha realizado un estudio de viabilidad del banco, pero los sindicatos reprueban que toda la información recibida ha sido "verbal" --si bien reconocen que en este punto de las conversaciones la compañía no tiene obligación legal de trasladar los datos por escrito--.
Las organizaciones sindicales lamentan el desconocimiento de cómo se va a acometer la reestructuración; si habrá prejubilaciones, qué número, y de qué forma se producirá el resto de bajas. Achacan a la dirección "falta de sensibilidad" ante una noticia que afecta a 3.000 familias.
Sobre la primera de las vías, la responsable de CC.OO. en Popular y en Pastor en Galicia, Carmen Peteiro, ha cuantificado en unas 250 personas --unas 160 en el primero y unas 93 en el segundo-- las que podrían optar a ella, al tener más de 59 años, pero se ha preguntado: "¿Y las otras 200?".
En este sentido, ha hecho hincapié en que, según avancen la negociación, lo relevante va a ser el grado de "voluntariedad" que introduzca la entidad. "Todo lo que se trate de despidos tendría una valoración tremendamente negativa por nuestra parte", ha avisado.
Con todo, ha destacado que a partir de este momento se enfrentan, trabajadores y empresa, a un proceso "nuevo" que "nunca" han afrontado, ya que "nunca hubo un despido colectivo" ni en Popular ni en Pastor.
"Desproporcionado"
Por su parte, Javier Castro, responsable del sector financiero de UGT, ha esperado poder contar en adelante con información concreta sobre los planes de la entidad para el cierre de oficinas, y en qué núcleos se producirá.
En cualquier caso, ve "muy lejos de lo coherente" la cuantía de 3.000 trabajadores afectados en toda España y unos 450 en Galicia. "Es desproporcionado", ha afirmado.
Gladis Afonso, por parte de la CIG, ha señalado que "hay que tener en cuenta que si la empresa mantiene la marca Pastor es porque es rentable", y ha informado de que la central nacionalista prevé convocar a una asamblea a los trabajadores "en los primeros días de la semana que viene".
"No vamos a firmar sin más", ya adelanta, al asegurar que "aquí hay responsables" y que "no es de recibo" que un consejero delegado se haya ido con una indemnización de 5,9 millones de euros. "Hacen recaer todo el peso sobre los trabajadores", ha criticado.
Además, indica que el banco trasladó que su idea para Galicia en cuanto a cierre de red es o fusión de oficinas Pastor y Popular por su proximidad geográfica o aperturas "parciales" en el rural, de modo que una oficina esté operativa de mañana o de tarde o solo determinados días de la semana.
Carmen Peteiro, de CC.OO., remarca también la "singularidad" de Galicia, porque Pastor en esta comunidad es, según subraya, "preponderante".
