José María Aristrain de la Cruz, accionista de Arcelor y heredero de un imperio industrial vinculado al acero, se enfrenta a una petición de cárcel de 60 años (quince penas de cuatro años) y sanciones económicas que suman 633 millones de euros por fraudes fiscales. Es la petición que ha formulado la Abogacía del Estado en el juzgado madrileño que instruye el caso contra el empresario de raíz vasca.
Hacienda acusa a Aristrain de no pagar impuestos en España simulando la residencia en Suiza. Según informó ayer El Confidencial, se le atribuyen quince delitos de fraude fiscal por importe de 211 millones de euros.
