El Banco de España confirmó ayer que el Gobierno no logrará reducir el déficit público al ritmo comprometido con la Comisión Europea (CE) ni este año (4,9%, tres décimas más de lo exigido) ni el que viene (3,6%, seis décimas más). El Ejecutivo era ya consciente de esta cuestión cuando en julio prometió a Bruselas elevar el tipo mínimo -del 12% al 25%- de los pagos fraccionados del Impuesto Sobre Sociedades de octubre y diciembre, entre otras medidas, para incrementar los ingresos, pero el supervisor bancario vincula ahora esta realidad con la política fiscal y advierte de la necesidad de "restricciones".
"Con un tono neutral de la política fiscal no se cumplen los objetivos de déficit. La política fiscal debería volver a tomar un tono restrictivo", dijo ayer en un encuentro con los medios de comunicación el director de Estadística y Economía del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El supervisor bancario calcula que el déficit cerrará este año en el 4,9% del PIB, tres décimas por encima de lo previsto y la evolución de la economía por sí sola permitirá reducir el déficit público en siete décimas en 2017, lo que lo situaría en el 3,6 % del PIB. Todo esto sin tener en cuenta los cambios del Impuesto Sobre Sociedades que el Consejo de Ministros en funciones aprobará mañana en un real decreto ley que ya ha remitido a los grupos parlamentarios para asegurarse su convalidación en el Congreso antes del 15 de octubre, el plazo comprometido con Bruselas.
Esa modificación, de cumplirse lo previsto en el borrador trasladado a los grupos, traerá cola. Para empezar, el Gobierno adelantó que la modificación es permanente y que no sólo se aplicará este año. Como mínimo se prolongará hasta 2018. La medida duplicará además el número de sociedades afectadas (de cerca de 5.000 a 9.000), ya que en lugar de cargarse sobre las firmas que facturen más de 20 millones de euros al año -como se había planteado a Bruselas- se hará sobre las que facturen más de 10, con la idea de elevar la recaudación que inicialmente se creía necesaria (de 6.000 a 8.000 millones).
La subida además ha pasado del 20% inicialmente previsto a entre el 23 y el 25%. Lo que en la práctica significa que las firmas con ese nivel de facturación tendrán que adelantar un 23% de su resultado contable antes de que termine el año. La cifra se eleva a un 25% para los bancos y las empresas petroleras. Éstas son ya las únicas empresas que siguen pagando un tipo general del 30% en el Impuesto sobre Sociedades, ya que al resto se les bajó al 25% en la reforma fiscal aprobada en 2014.
El Gobierno espera así reducir el déficit público español hasta el nivel comprometido, del 4,6%, tras recibir una amenaza de sanción de la Comisión Europea el verano pasado. El tipo mínimo del pago fraccionado se aplicó entre 2012 y 2015, año en que se dejó en el 12%. Con la reforma fiscal de 2015 se eliminó, pero la caída de los ingresos por Sociedades hasta junio ha llevado al Gobierno en funciones a dar marcha atrás y volverlo a establecer, en este caso incrementado.
Hernández de Cos explicó ayer que la proyección de déficit del año en curso elaborada por el Banco de España se calculó con los datos de ejecución presupuestaria de las administraciones públicas disponibles hasta julio y que, sin modificaciones adicionales, "el riesgo de incumplimiento está ahí".
Frenazo económico en 2017
El regulador bancario confirmó ayer en su último boletín económico mensual que la economía española y la creación de empleo se frenarán en 2017, al desaparecer algunos de los elementos que habían propiciado hasta ahora el avance del PIB, como el petróleo barato, los bajos tipos de interés o una política fiscal expansiva, los llamados vientos de cola.
La entidad pronostica que el PIB pasará de crecer un 3,2 % en 2016 -cuatro décimas más de lo previsto en sus anteriores proyecciones de junio- a avanzar un 2,3% en 2017 y un 2,1 % en 2018, previsiones que se mantienen sin variaciones. Con estos cálculos el supervisor bancario entiende que España no saldrá de la crisis hasta el año que viene por mucho que el Gobierno y numerosas entidades vean ya la recuperación. No será hasta entonces cuando los niveles de PIB de España alcancen los registros previos a la crisis. "Estamos en una economía con un crecimiento boyante, pero con algunos signos de desaceleración", dijo Pablo Hernández de Cos, en referencia a la ligera ralentización mostrada por el PIB en el tercer trimestre del año, en el que creció un 0,7%, frente al 0,8% del trimestre anterior.
La previsión del 3,2% es, según Hernández de Cos, para 2016 es compatible con una ligera desaceleración en la segunda mitad del año, que cree que en el cuarto trimestre será mayor que en el tercero. La buena evolución del consumo privado y de la inversión siguen tirando de la economía, aunque a partir del año que viene mostrarán signos de fatiga por la pérdida de pujanza, aunque dentro de la inversión se espera un repunte de la destinada a vivienda. A esto se suman riesgos a la baja vinculados con la decisión de Reino Unido de abandonar la UE y con la incertidumbre política.
El Banco de España no percibe que la situación de interinidad haya tenido un impacto muy significativo en la economía, porque había unos presupuestos aprobados, aunque considera que cuanto más se prolongue más probable será.
Respecto al empleo, la entidad prevé todavía un notable dinamismo, pero explica que la desaceleración del PIB tendrá una repercusión similar sobre la creación de empleo, que se va a ralentizar desde el 2,9% previsto para 2016 al 2% en 2017 y al 1,8% en 2018. La tasa de paro bajará desde el 19,8% previsto por el Banco de España para 2016 al 18,3% en 2017 y al 17,1% de 2018, tasas superiores en los tres casos a las pronosticadas por el Gobierno en funciones. Hernández de Cos atribuye esta aparente incongruencia entre la desaceleración del empleo y la mayor disminución del paro en la caída de la población activa, consecuencia del envejecimiento de la población y del retraso de la incorporación al mercado laboral de los jóvenes.
