Un juez de Viveiro (Lugo) investiga la actividad de la multinacional aluminera Alcoa en su planta de San Cibrao y abrió diligencias por un supuesto delito medioambiental a raíz de la denuncia de dos vecinos de Xove, municipio en el que se encuentra la factoría de alúmina y aluminio. La denuncia fue presentada en 2010 por dos residentes que acusan a la compañía estadounidense de provocar daños en la vegetación, los cultivos y la salud de las personas. El juez trasladó en octubre pasado una petición Alúmina España, la sociedad que controla una parte de la planta, que identificase a sus máximos responsables desde el año 2009, momento en que la multinacional conoció la denuncia y su recorrido judicial.
Directivos
El director de la planta de San Cibrao es desde hace algo más de un año Javier Navia, que sucedió en el cargo a Rubén Bartolomé, que en agosto de 2015 fue designado presidente de Alcoa España.
El caso está actualmente en instrucción, en fase de diligencias precias, con las que tanto el juez como la Fiscalía pretenden dilucidar si en la actividad de la fábrica se han producido delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El fiscal reclamó a la planta informes técnicos y la multinacional. "Estamos colaborando con las autoridades judiciales en la investigación, que es muy preliminar", explicaron ayer fuentes de Alcoa, que destacaron que han llevado este caso con la máxima transparencia.
Y es que la existencia de esta investigación se cita en la documentación que la multinacional ha hecho pública ante los organismos supervisores norteamericanos tras decidir segregar su actividad en dos compañías; Arconic y Alcoa Corporation, que asumirá todos los activos relacionados con su actividad de producción de aluminio primario, como es el caso de las tres plantas españolas que tiene en A Coruña, San Cibrao y Avilés y que suman casi 3.000 trabajadores y para las que busca comprador desde la pasada primavera.
En esa información destinada a inversores, la compañía detalla lo que se ha dado en llamar riesgos contingentes de su actividad. Ahí recoge la denuncia y calcula que en el peor de los casos, en el que resultase imputada de un delito y condenada, tendría que abonar una multa de unos "entre 30 y 5.000 euros por día durante tres años". Lo que significaría un rango de sanción que va de los 32.500 euros a los 5,4 millones. Alcoa informa a los inversores sin embargo de que dado que el procedimiento está en su etapa preliminar, no es capaz de adelantar o predecir "un resultado razonable".
Confía en la desestimación
La multinacional aluminera ya fue condenada a abonar 2,8 millones de euros a medio centenar de vecinos con terrenos próximos a la central de San Cibrao, que resultaron condenados por su actividad.
Fuentes de Alcoa aseguraron ayer a este diario que la compañía que cumple con la normativa medioambiental en sus operaciones y la legislación vigente sobre emisiones de gases a la atmósfera. "Esperamos que el juez concluya tras su investigación y desestime la denuncia", añadieron las mismas fuentes
El proceso de segregación entre Arconic, empresa que agrupará las actividades de más alto valor añadido y que estará centrada en el negocio aeroespacial y el automotriz de la multinacional, y Alcoa Corporation se hará efectivo el próximo 1 de noviembre.
