17 de enero de 2017
17.01.2017
El caso de las prejubilaciones millonarias en Novacaixagalicia

Los cinco condenados por los retiros de NCG ingresan en prisión para cumplir dos años

La Audiencia rechaza evitar la cárcel a Gayoso, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y al letrado Ricardo Pradas por los graves hechos, la escasa pena, por no devolver los retiros y por otras "causas pendientes"

17.01.2017 | 01:10

La Audiencia Nacional dictó ayer una sorprendente orden de ingreso en prisión contra los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia -y el abogado que les asesoró- condenados por amañar los contratos de tres de ellos para engordar sus retiros millonarios, a pesar de que la pena, de tan sólo dos años de prisión, hacía suponer que no llegarían a cumplirla.

La legislación española prevé que los condenados a hasta dos años de prisión eludan la cárcel si no tienen antecedentes penales, pero esta práctica habitual se instrumenta a través de una suspensión de la condena que el juez tiene que autorizar y es decisión suya. Lo mismo que le ocurrió a Isabel Pantoja. Ni los exdirectivos condenados ni su entorno ni la opinión pública esperaban que la Audiencia Nacional obligase a ingresar en prisión, como de hecho hicieron ayer por la tarde, al expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, su exdirector general, José Luis Pego, el que fuera corresponsable de la oficina de integración -de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova- Óscar Rodríguez Estrada, y el exjefe del departamento inmobiliario, Gregorio Gorriarán, todos ellos procedentes de Caixanova.

Gayoso y el abogado, Ricardo Pradas (también encarcelado), fueron condenados como cooperadores necesarios de un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida, por el que la Audiencia primero y el Supremo, después sancionaron a los tres exdirectivos y absolvieron a Javier García de Paredes, exdirector general adjunto, procedente de Caixa Galicia.

En su revisión de la condena a dos años de prisión el Tribunal Supremo ya destacó que la sentencia le parecía "desproporcionada", pero "no por su exceso al alza como alegan las defensas -según reza el fallo- sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas a la que se ha hecho referencia". El alto tribunal entendió que existieron "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" en la mejora de sus condiciones laborales para así elevar la cantidad que se llevarían si se iban de la entidad; y que los implicados merecían una pena mayor. Y a eso se agarró ahora la Audiencia Nacional para dar un giro a la situación de los implicados.

Todos ingresaron ayer en la cárcel pontevedresa de A Lama después de que la sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenara su detención inmediata y el traslado al centro penitenciario bajo ese argumento . Que hasta el Supremo calificó de "benévolo" el fallo pero también porque los condenados no devolvieron el dinero -10 millones de euros- y "tienen causas pendientes con la justicia", según la explicación divulgada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). No es habitual que los condenados que no superan los dos años vayan efectivamente a prisión, es una decisión que queda en manos del juez. Es además la primera vez que un escándalo ligado al desplome de las antiguas cajas de ahorro españolas acaba con sus protagonistas entre rejas.

Por eso la orden de detención pilló por sorpresa a los afectados, que según sus abogados defensores, negociaban en estos días con la Audiencia Nacional los términos en los que se iban a devolver los 10 millones de euros en los que quedó fijado el importe definitivo tras la rebaja ordenada por el Supremo. Las defensas coinciden en señalar que se trata de una medida "extemporánea" porque los directivos presentaron hace tiempo "avales suficientes con su patrimonio" para afrontar el reembolso de las cantidades que se cobraron y y el juzgado "ni siquiera había iniciado la ejecución forzosa de la responsabilidad civil".

Pero la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de suspensión de la pena y ayer por la mañana requirió la localización de los cinco para su inmediato paso a prisión. La orden, de carácter "prioritario", según apuntan varias fuentes, llegó al juzgado de guardia de Vigo, que la cursó a través de la Unidad de Delincuencia Especializada (UDEV). Julio Fernández Gayoso fue detenido en su casa. Óscar Rodríguez Estrada, en el hospital. José Luis Pego acudió por su propio pie a la comisaría y tanto Gregorio Gorriarán como Ricardo Pradas estaban en Madrid. Sus abogados critican que se les negase la posibilidad de la entrega voluntaria con los cinco días de plazo que suelen darse habitualmente, dado el control que había sobre ellos. Desde que fueron imputados debían pasar cada quince días por el juzgado y no existían, alegan, riesgo de fuga. A media tarde estaban ya en las dependencias de A Lama.

Pego, Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán fueron inicialmente acusados también de estafa, un delito que finalmente no apareció en la sentencia. Fernández Gayoso y el abogado Pradas fueron condenados como "cooperadores necesarios" en el "plan urdido" para elevar las indemnizaciones en una sentencia dictada hace algo más de un año, en octubre de 2015.

El fallo incluía en todo momento en los hechos al entonces director adjunto, Javier García de Paredes , la Fiscalía Anticorrupción solicitó su absolución el último día del juicio -y, por tanto, que mantuviera los 5,7 millones de euros que recibió-. Abanca y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le reclaman sin embargo esa indemnización en una pleito por la vía laboral que se celebró a principios de diciembre y está pendiente de sentencia.

Los otros cinco recurrieron la sentencia ante el Supremo, que en septiembre del pasado año confirmó el castigo. Las defensas intentaron tumbarlo por la "ilógicas e irracionales" fundamentaciones de la Audiencia Nacional, dado que, en su opinión, el fallo lo único que hacía era una "simple transcripción" de una solo una parte de la documentación y los peritos para intentar demostrar "un hecho probado que no es cierto". Desde el arranque del proceso -las primeras investigaciones se remontan a junio de 2012-, la cúpula de la desaparecida Novacaixagalicia negó con rotundidad cambios en sus contratos de alta dirección y que tuvieran intención de abandonar la entidad incluso antes de que empezara a funcionar la integración de Caixa Galicia y Caixanova, como sí creía Anticorrupción y rubricó luego la Audiencia Nacional.

Pero el Supremo cerró la puerta a cambiar la condena e incluso se quejó de lo pequeña que era. "Los acusados hicieron suyas esas cantidades a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración", concluyó. Sí es cierto que compartía con los abogados de los exdirectivos "la deficiente técnica de la sentencia recurrida" por "la censurable transcripción de dictámenes periciales" y que los magistrados encargados hicieran suyas las conclusiones de parte de los expertos llamados a declarar "de forma absolutamente acrítica" y "sin el más mínimo matiz". Algo, sin embargo, que el alto tribunal negó que afectara a "la validez estructural" de la sentencia.

"Proceso mediático"

"Nunca estuve tan convencido al salir de un juicio de que íbamos a ganar", recuerda uno de los letrados encargados de defender a los exdirectivos. "Todo lo que ha tenido que ver con este caso -señala también otro- buscaba el carácter mediático y la ejemplaridad". Las defensas trabajan en los posibles pasos a dar, que Julio Fernández Gayoso, que cumplió 85 años el pasado diciembre y padece, según confirman en su entorno, problemas de salud, apuntan tanto a Vigilancia Penitenciaria por las repercusiones que la situación puedan darse en su estado, como a un recurso en súplica.

El TSXG no aclara a qué se refiere la Audiencia Nacional con que los condenados tienen "causas pendientes", pero todo apunta a la causa abierta contra seis miembros de la cúpula de la antigua Caixanova, -Fernández Gayoso, Pego y Gorriarán, entre ellos- que declararon en diciembre de 2015 como imputados dentro de una investigación por una operación inmobiliaria por valor de 67 millones de euros en Rivas Vaciamadrid (Madrid). Esta operación urbanística había sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, dentro supuestamente de la docena que el Frob trasladó al Ministerio Público por supuestas irregularidades que pudieron causar un perjuicio superior a los 1.000 millones de euros en las cajas gallegas.

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