18 de enero de 2017
18.01.2017

La plantilla se felicita por la actuación de la Justicia pero la ve parcial

La detención e inmediato ingreso en prisión de Gayoso, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y Pradas corrió como la pólvora el lunes entre los trabajadores de Abanca, entidad heredera de las cajas gallegas

18.01.2017 | 01:13

La detención e inmediato ingreso en prisión de Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas corrió como la pólvora en la tarde del lunes entre los trabajadores de Abanca, entidad heredera de las cajas gallegas. Los representantes de la plantilla reconocen que fue un "sorpresón" que muchos recibieron con satisfacción y otros, con cierta solidaridad por los condenados.

Los sindicatos, sin embargo y con matices, opinan por una vez de forma unánime al felicitarse por que la Audiencia Nacional haya hecho justicia. La CIG y Csica sin embargo creen que ha sido de forma parcial, pero por motivos distintos. El sindicato nacionalista echa de menos que los exdirectivos procedentes de Caixa Galicia no hayan sido condenados y Csica considera que además de los cuatro procedentes de Caixanova y el abogado asesor, hay otros 300 ex altos ejecutivos de otras cajas de España, como Caixa Penedés, Bancaja, CAM y Bankia, que deberían sufrir la misma pena.

"Nos parece bien que se haga justicia pero parece que los directivos de Caixa Galicia son intocables, cuando la CIG ya envió a la Fiscalía en septiembre de 2014 varias operaciones urbanísticas con la familia de José Luis Méndez implicada por valor de 1,8 millones de euros y no se sabe nada", dice Clodomiro Montero, portavoz de CIG Banca. Reclama que la Justicia vaya más allá, igual que la comisión de investigación sobre las cajas del Parlamento gallego, que se reanuda el lunes.

Comisiones Obreras recuerda como su vocal en el consejo de administración de la caja fusionada, José Luis Regueiro, fue el primero en denunciar públicamente la falta de transparencia de aquellas reuniones y en reclamar en ese órgano toda la información sobre los contratos de alta dirección. Fue de hecho el único consejero que lo hizo y el primero en alertar a la Xunta de la negativa de la cúpula a informar, una postura que fue "muy atacada", como recuerda su compañera Rita Gippini. "Siempre defendimos que actuase la Justicia y si no están devolviendo las cantidades, si no cumplen lo que se les impuso, me parece razonable que se les obligue".

Carlos Peso, de Csica, está de acuerdo con el fondo de la actuación judicial, pero sorprendido con las formas; que una sentencia dictada en 2015 se ejecute a principios de este año con un recurso de casación en marcha.

Ve el auto de ingreso en prisión una decisión ejemplarizante que busca sentar precedente y que curiosamente coincide en el tiempo con otros conflictos político-judiciales como el caso Bárcenas, pero recuerda que la situación de las cajas obligó a un recorte de 3.500 puestos de trabajo y una sucesión de cuatro ERE con los que la plantilla sufrió enormemente. En su opinión, lo importante de este caso es que los ex ejecutivos devuelvan el dinero.

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