Ferroatlántica ha cerrado ya un acuerdo "definitivo" para vender las seis centrales hidroeléctricas que explota en Cee y Dumbría por 153,4 millones de euros, a pesar de que esa operación está expresamente prohibida por las concesiones administrativas que la Xunta concedió al grupo Villar Mir y sólo podrá cerrarse si la Xunta da una autorización que la empresa supuestamente ni siquiera ha tramitado.
La multinacional, integrada en Ferroglobe desde que en 2015 se fusionó con la norteamericana Globe, detalla la existencia de este acuerdo en un hecho relevante enviado hace unos minutos a las autoridades bursátiles británicas y norteamericanas para informar de una emisión de deuda por valor de 325,5 millones de euros. En el texto, la firma no precisa el nombre del comprador pero sí que obtendría con la transacción 153,5 millones de euros, tras descontar los gastos financieros.
Ferroglobe reconoce sin embargo que el acuerdo está sujeto a "ciertas condiciones", entre ellas, las "aprobaciones gubernamentales" que, añade, "se negociarán diligentemente con todas las partes involucradas". A pesar de que el grupo justificó la necesidad de vender estos activos para desarrollar un plan industrial con una inversión de 165 millones, 75 de ellos para Galicia, el hecho relevante comenta que los fondos se destinarían a "hacer frente a ciertas deudas y para propósitos corporativos".
Desde que el grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir reconoció su pretensión de vender doce centrales hidroeléctricas en Galicia y Aragón, la operación generó una contundente oposición, principalmente entre los 400 trabajadores de Ferroatlántica en Cee y Dumbría, que advierten de que si la actividad energética se desvincula de la fabricación de ferroaleaciones en estos municipios, las factorías acabarán por cerrar a medio plazo.
A ellos se unieron los alcaldes de la comarca, la Diputación provincial de A Coruña, los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento y la Xunta, que prometió mantener este frente común e informar de cualquier novedad que se produjese en el proceso, incluso si la compañía movía ficha y tramitaba la solicitud del permiso a la operación de venta.
La plantilla rechaza negociar con la empresa ese plan industrial que no se creen y que pasa por desarrollar una factoría de silicio solar en Arteixo, entre otros proyectos. La firma asegura por su parte que los saltos de agua ya no son competitivos porque la ley les impide autoabastecerse de energía con ellos. Si bien, obtiene recursos por la venta de la electricidad que producen.
