Ferroatlántica está dispuesta casi a cualquier cosa para conseguir que su plan de vender las seis centrales hidroeléctricas que explota en los ríos de Cee y Dumbría se cumpla con éxito y obtener así los 153,4 millones de euros que ingresaría cuando ejecute el contrato firmado con el comprador -todo apunta al fondo canadiense Brookfield-. En el anuncio de "acuerdo definitivo" que hizo público el miércoles, la firma adelantó que negociaría "diligentemente" con las partes implicadas para obtener los "permisos gubernamentales". El canal de comunicación con los trabajadores está sin embargo roto después de que el comité de empresa de Cee y Dumbría rechazase reunirse con el presidente de Ferroatlántica, Pedro Larrea, y su equipo para negociar cualquier plan industrial que implique vender las centrales hidroeléctricas. Para vencer esa resistencia, la firma va más allá y en un nuevo encuentro, el lunes pasado, advirtió a su personal que si no obtiene recursos, cerrará "unidades productivas" de ferroaleaciones en Cee.

El encuentro se celebró en la factoría de Cee, entre su director, Javier Vázquez, los responsables de Recursos Humanos y de Fabricación y el comité de empresa. "Nos dijeron que el viernes habían tenido una reunión en Madrid y que o aceptábamos negociar el plan industrial o que tendrían que parar unidades productivas, que no hay alternativa", asegura Alfonso Mouzo, portavoz del comité.

La multinacional alega, según los trabajadores, que no dispone de dinero circulante y que solicitó una línea de crédito que le ha sido denegada, por lo que apenas dispone de capital para comprar mineral (llega en barcos con hasta 40.000 toneladas) y que necesita recursos urgentemente, por lo que insta a sus trabajadores a sentarse a negociar un plan con el que vencer las resistencias a la venta de las centrales.

"Desde hace cuatro meses no han dicho una sola verdad", opina Mouzo, quien no sólo rechaza que la situación sea tan complicada sino también la veracidad del plan industrial que la compañía promete desarrollar con lo obtenido por la venta de los saltos de agua. Recuerda que las inversiones previstas en ese plan ascendían a 165 millones, cuando la compañía sólo espera recibir 153,4, y de ellos, parte se irá a enjugar la deuda del grupo industrial. De esos 165 millones, sólo 75 se invertirían en Galicia, en la fábrica de silicio solar de Arteixo y la de carbón vegetal. En la reunión del lunes, Javier Vázquez trasladó sin embargo a la plantilla que dentro de las inversiones previstas en los centros de Cee y Dumbría, se incluiría la conclusión del llamado horno 23, que la firma empezó en el año 2000 y evitó terminar desde entonces.

Los trabajadores temen que la empresa busque el beneplácito de la plantilla para argumentar ante la Xunta la necesidad de segregar las actividades de las centrales de la fabricación de ferroaleaciones, actualmente impuesta en las concesiones administrativas que la Xunta otorgó a Ferroatlántica para explotar los ríos de la comarca de Fisterra. Sería el paso previo para obtener el permiso del Gobierno gallego a la operación de venta que, además, dejaría los ríos Xallas y Grande en manos de un operador extranjero. La Xunta ha asegurado hasta ahora que hará valer la normativa exigida en las concesiones y confirmada hasta por el Tribunal Supremo, pero el personal no se fía. El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, se comprometió a mantener informado al comité de las novedades sobre este asunto y a respaldar el frente común creado por empleados, alcaldes de la comarca y la Diputación provincial, entre otros.

Fuentes de Ferroatlántica evitaron confirmar o desmentir el contenido de la reunión del lunes pasado y se limitaron a destacar que el discurso de la firma no ha variado; que entiende la venta como una oportunidad para encarar nuevos proyectos y situarse en una posición competitiva ante otros operadores. Este diario también intentó sin éxito obtener la versión del presidente del comité. Fuentes de este órgano de representación de los trabajadores explicaron que la multinacional ha logrado el respaldo al plan industrial de los trabajadores de Santander, donde Ferroatlántica no dispone de ninguna central de las afectadas por la venta, que están en Galicia y Aragón.

El BNG pide apoyo a los grupos

Los trabajadores de Ferroatlántica no son los únicos que reciben con alarma el "acuerdo definitivo" anunciado por la compañía el miércoles. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) instó ayer a todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia a sumarse a una declaración institucional en contra de la venta de las centrales de la comarca de Fisterra. La diputada nacionalista Noa Presas rechazó la venta "ilegal" y el "expolio descarado de recursos públicos" que, según opina, representa esta operación, y se propone comprobar si el PP "sigue en contra de esta pretensión". El BNG se pregunta si el presidente Alberto Núñez Feijóo prepara "una puerta giratoria" con Villar Mir y permitirá "especular con un recurso natural que debería traer riqueza y empleo a la comarca".