José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el órgano autónomo del Gobierno que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento del déficit dejó claro ayer que las pensiones subirán el mínimo previsto por el Gobierno (un 0,25%) al menos durante los próximos cinco años y que de aquí a diez años los pensionistas no sólo no ganarán poder adquisitivo sino que perderán siete puntos porcentuales de capacidad de compra. Escrivá calcula que la Seguridad Social alcanzará un déficit de 18.000 millones de euros este año y que el desequilibrio de las cuentas públicas españolas se mantendrá hasta 2022, lo que impedirá que la subida supere el mínimo legal, del 0,25%.

Los pensionistas gallegos, y como ya publicó este diario en diciembre pasado, ya perdieron capacidad de compra en 2016. Una media de 132 euros por la subida de un 1,5% en los precios frente a la revalorización de las pensiones en sólo un 0,25%. Esa de hecho fue la subida que se aplicará este año (no llega a un euro de media para los 756.601 pensionistas gallegos que había a 1 de enero) y la que se ejecutó también en 2014 y 2015. Ese poder adquisitivo seguirá a la baja por lo tanto durante los próximos cinco años los 750.000 pensionistas que hay en Galicia perderán cerca de 650 euros de media.

En enero, y de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Empleo, la pensión media fue de 771,34 euros. Con la actualización mínima legal del 0,25% el alza acumulada de las pagas será del 1,25%, frente a una subida de precios que la auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC) estima un 7,2% de IPC acumulado en su último panel, realizado con datos muy conservadores. La pensión media al ritmo del nivel mínimo alcanzará en Galicia en 2022 los 780,64 euros mensuales (+9,6 euros en un lustro) frente a los 826,84 (+55 euros) que tendría que sumar para que los gallegos no perdiesen capacidad de compra. La diferencia entre una y otra cifra es de 46 euros que multiplicados por catorce pagas arrojan una pérdida de 646,8 euros.

Escrivá elaboró sus cálculos a partir de las previsiones de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social y remarcó que las reformas de las pensiones ejecutadas primero por el PSOE (retraso de la edad de jubilación) y, luego, del PP (que desligó su revalorización de la evolución de la inflación o IPC) provocarán que las pensiones iniciales de los jubilados se estabilicen hasta el punto de que en 2030 serán iguales a las de 2013. El porcentaje de pensión sobre el salario que el pensionista recibía antes, como trabajador, será entonces diez puntos inferior al que se calculaba antes de las reformas de las pensiones, según comentó durante su comparecencia, ayer, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.

"Entre 2013 y 2016 las pensiones no han perdido poder adquisitivo, eso no es discutible [salvo en Galicia]. Pero a partir de ahora sí lo van a perder si no se toman medidas", insistió, aludiendo al cambio en la evolución de la inflación, que ha pasado del 0% a tasas positivas en los últimos meses. Escrivá cree que esta situación sólo podría modificarse si se aportara a las arcas de la Seguridad Social „vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto„ un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.

El máximo responsable de la AIReF eludió dar recomendaciones sobre qué medida sería más conveniente, ya que ninguna propuesta es "neutral desde el punto de vista redistributivo", por lo que un organismo independiente como el suyo debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones "más informadas". "Cuentas nacionales, emitir deuda pública, financiar la Seguridad Social vía impuestos... Todas son opciones absolutamente legítimas pero que no están suficientemente bien estudiadas. Los impactos redistributivos, sobre el déficit o sobre la actividad económica que podrían tener requieren de instrumentos de análisis que no están disponibles. Y cualquier medida debe ser evaluada de forma más precisa y rigurosa que hasta ahora", dijo. Escrivá aprovechó de hecho para reclamar invertir en estudios "mucho más detallados" del impacto de las políticas públicas antes de probarlas y también profundizar en los análisis sobre las consecuencias de las reformas paramétricas "para saber por qué funcionan mejor o peor de lo esperado".

La AIReF exigió para ello una "involucración mayor y más decidida" de la Seguridad Social, que es la que tiene "todos los datos disponibles" y puede llevar a cabo microsimulaciones precisas. La AIReF presentará este año por su parte y a pesar de ello, un primer informe sobre la sostenibilidad de la deuda y el déficit estructural de la Seguridad Social en el que ya está trabajando.