El presidente de Ferroatlántica, Pedro Larrea, desplegó ayer un amplio argumentario para defender la venta de las centrales hidroeléctricas en los ríos Xallas y Grande y su ya nula relación con la actividad de las fábricas. Las concesiones que la Xunta le otorgó en 1994 al grupo Villar Mir para explotar estos ríos (durante 75 años) las vinculan a la actividad de las ferroaleaciones porque fueron concebidas para alimentar de electricidad las factorías. Recuerda Larrea que desde 2007 esas centrales no suministran energía a las fábricas pero que éstas son las más competitivas de España porque se adjudicaron bonificaciones al recibo eléctrico por estar dispuestas a reducir o interrumpir su consumo eléctrico en caso de emergencia en 90 megavatios (el sistema de interrumpibilidad que también beneficia a Alcoa).

La firma recibe por este concepto 26 millones de euros al año y sostiene que es "rotundamente falso" que piense "ni remotamente" en el desmantelamiento de los centros productivos. "El mayor elemento de competitividad, que es único y en cierto modo privilegiado en estas fábricas, es el mecanismo de interrumpibilidad y es el que conviene preservar mediante inversiones en mantenimiento de instalaciones y no poner en riesgo con actuaciones que pueden llevar al incumplimiento de los requisitos del mismo", dice Larrea en referencia a la huelga.

Los empleados sin embargo aseguran que lo que sostiene ese mecanismo y permite cumplir sus normas -mantener un consumo estable durante todo el día y todo el año- es el horno 22, que tiene 30 años de antigüedad y está "cayéndose a cachos" y que si falla, la empresa perderá los 26 millones anuales y no podrá volver a participar en la subasta de primas de años siguientes. El portavoz del comité, Alfonso Mouzo, sostiene que Larrea visitó ayer las instalaciones y reconoció que el horno necesita ser sustituido, pero advirtió de que sin la venta de las centrales, no hay fondos para realizar mantenimiento. Los empleados advierten además de que el nuevo sistema de interrumpibilidad y las exigencias de consumo impiden realizar las paradas técnicas de un mes durante las que hasta hace tres años se revisaba el funcionamiento. "Ahora paramos una semana pero no es suficiente. De momento vamos tirando, pero es un riesgo que está ahí", dice Mouzo.