El presidente de Ferroatlántica y consejero delegado de Ferroglobe, Pedro Larrea, dejó claro en su visita de esta semana a Galicia que la multinacional tiene prisa y mucha por obtener el beneplácito de los trabajadores al plan industrial que propone financiar con la venta de las seis centrales hidroeléctricas que gestiona en la comarca de Fisterra gracias a una concesión a 75 años otorgada por la Xunta en los noventa. El directivo concluyó el viernes a mediodía su semana de road show por Galicia en busca del mayor número de apoyos a la operación en la que insistió una y otra vez en los argumentos que expuso el martes ante la plantilla de Cee y Dumbría, que no sólo rechaza la operación sino que tiene convocada una huelga para el 10 de marzo en contra.

"El tiempo se agota. Ya llevamos mucho tiempo en este proceso y hay una fecha límite. Estos son trenes que pasan y no vuelven a pasar y debemos ser responsables", dijo Larrea esta semana en una entrevista concedida a Radio Nordés de la Cadena SER tras reunirse con la plantilla de Cee. El directivo añadió que ese tiempo que se agota son "semanas y no meses", aunque evitó precisarlo, por lo que urgió a la plantilla a aceptar un plan que, recordó, supondrá invertir 100 millones en Galicia y crear 200 empleos directos y 300 indirectos. El plan prevé la fábrica de silicio solar de Sabón, una de carbón vegetal y otra de sinterización -reciclaje de óxidos- de manganeso en Cee y Dumbría, un nuevo horno en Dumbría y otras mejoras en las dos instalaciones.

Larrea evitó reconocer que la empresa haya comenzado tarde su ronda de contactos si tenía esa premura -"Hay que mirar hacia delante", dijo- pero sí detalló que todavía no ha solicitado el permiso de la Xunta para que modifique la concesión administrativa que rige la explotación de las centrales y que actualmente vincula esta actividad con la de fabricación de ferroaleaciones en las fábricas del grupo en Cee y Dumbría. Ese es actualmente el principal y casi único escollo que tiene en esta operación, dado que sólo puede explotar los ríos de la zona si mantiene esa vinculación y consigue además que las fábricas sean rentables. Esta solicitud llevaría a la Xunta a abrir un expediente para analizar la concesión antes de dar una respuesta, lo que muy posiblemente evitaría lograr un permiso en semanas, salvo que se haya producido alguna gestión ya que la empresa no haya revelado.

Pedro Larrea informó de que las hidroeléctricas de Cee y Dumbría obtuvieron un resultado antes de impuestos de 7 millones de euros en 2016, una cifra que, según él, prueba que no son estratégicas para la compañía. Mientras, las fábricas lograron un resultado de "unos 20 millones de euros". El directivo justificó que lo que lo que hace que las fábricas sean competitivas son las bonificaciones de interrumpibilidad -Ferroatlántica se adjudicó un bloque de 90 megavatios en la última subasta de primas para los grandes consumidores industriales que organizó el Gobierno-, por las que ingresa unos 26 millones al año, según fuentes de la plantilla.

Con estas cifras sobre la mesa, Ferroglobe obtiene una bonificación total sobre su recibo eléctrico de 33 millones (las primas más la venta de electricidad en las centrales) que además es superior a sus beneficios. Sin la combinación de estas dos, y según estos mismos cálculos, habría dado pérdidas. La plantilla advierte además del mal estado del horno 22, el que más consume, que puede estropearse en cualquier momento e impedir que la fábrica cumpla con el nivel de consumo que se exige a los beneficiarios de esas primas de interrumpibilidad.

El presidente de la compañía, detalló que los costes laborales de Cee y Dumbría ascienden a unos ocho millones al año, que casi se cubren por tanto con el resultado de las centrales, donde sólo trabajan 50 empleados. Larrea reconoció además que Ferroatlántica aportó a la fusión con Globe -cerrada en 2015- una carga de deuda que ahora quiere reducir. Según el comité de empresa de Cee y Dumbría, ese pasivo asciende a 390 millones de euros. La multinacional espera obtener 255 millones de euros con la venta de las centrales, de los que casi 100 se irán en cancelar el contrato de leasing que tiene contratado sobre los propios saltos de agua, con lo que le quedarán 153,4.