Los trabajadores de Ferroatlántica en Cee y Dumbría han decidido adelantarse a la Xunta y preparar un informe jurídico para analizar la pretensión del grupo Ferroglobe de vender las seis centrales y dos embalses que explota en la comarca Fisterra a un fondo de inversión canadiense por 255 millones. El documento, elaborado por el jurista y profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña, Carlos Aymerich, a petición de la plantilla y de forma "desinteresada" respalda las tesis del comité y advierte de que cualquier resolución de la Xunta que autorice la venta de las centrales a una empresa distinta a la titular de las fábricas de ferroaleaciones sería "nula de pleno derecho". "El funcionario o autoridad que la dicte incurriría en un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el Código Penal", detalla el dictamen.

Los trabajadores explican que con este análisis cumplen con su parte del trato que alcanzaron con el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, de "trabajar en conjunto para parar la segregación", como explicó ayer Paulo Carril durante la presentación del informe, en el Rectorado de la universidad coruñesa. La plantilla tiene claro que en caso de que Ferroglobe lograse su objetivo de ver desbloqueada la venta de los saltos de agua, llevará el caso a los tribunales con los argumentos que recoge el dictamen jurídico presentado ayer.

Carlos Aymerich, explicó que la autorización administrativa para transferir la propiedad es "un acto reglado" en el que la Administración está obligada a comprobar si la entidad que compra esos activos es "solvente" y cumple las condiciones de la concesión original, que es precisamente el quid de la cuestión. Y es que tanto las concesiones otorgadas a Ferroatlántica cuando compró las centrales y fábricas al grupo Carburos Metálicos como los permisos que Augas de Galicia le dio para cerrar contratos de arrendamiento financiero o leasing sobre esos saltos de agua prohiben expresamente la segregación de esta actividad de la que se realiza en las fábricas. Es por eso que las dos factorías de Cee, Dumbría y las centrales constituyen un único centro de trabajo con una sola dirección y una representación sindical unitaria.

El informe alerta por tanto que Augas de Galicia tendría que denegar la autorización a la venta de los activos si no van acompañados de las fábricas.

Pero además Augas de Galicia tampoco podría modificar la concesión para levantar el veto a la segregación de actividades económicas y allanar así el camino a la venta. El informe jurídico entiende que la modificación de la concesión en ese sentido sería motivo para extinguirla. Alega Aymerich que esa cláusula de no desvinculación es "esencial" en la adjudicación, por lo que los saltos de agua revertirían en la Administración, que podría explotarlas directamente o iniciar un proceso para otorgar otra concesión que en este caso tendría que ser a través de un concurso abierto a la competencia entre empresas. Alude a la jurisprudencia del tribunal europeo y remarca: "La modificación sustancial del contrato es aquella que introduce condiciones que, si hubiesen figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido admitir participantes diferentes o habrían permitido aceptar una propuesta diferente de la inicialmente afectada".

El documento desmonta además algunos de los argumentos utilizados por la empresa y por quienes apoyan la venta, como por ejemplo la aparente ilegitimidad o ilegalidad de la prohibición de separar la actividad energética y la de ferroaleaciones, sobre todo después de que la modificación de la legislación eléctrica obligue a Ferroglobe a vender la energía que produce en lugar de usarla en su proceso productivo.

Aymerich explica que el otorgamiento de concesiones para uso privativo de aguas públicas son discrecionales para "asegurar la concesión de un interés público" y que tanto la jurisprudencia como la legislación española amparan el establecimiento de condiciones accesorias como la "compra de valores, mantenimiento de exigencias societarias u otras que se consideren de interés público", siempre y cuando la medida sea proporcional. El profesor universitario la ve así, y considera legítimo prohibir la segregación porque persigue un interés "público", como el mantenimiento del empleo en la comarca. Descarta además que pueda aplicarse a este caso la preceptiva separación de actividades previstas en la ley del sector eléctrico de 2013.

En su último punto, el informe advierte, como establece la concesión de las centrales de que si Ferroatlántica abandonase la actividad de las ferroaleaciones, incurriría en una causa de caducidad de la concesión, y los saltos de agua revertirían en la Administración, que sólo tendría que compensar a la firma por las obras no amortizadas.

El comité de empresa de Ferroatlántica en Cee y Dumbría, que el viernes tiene convocada una huelga de 24 horas, recordó ayer que hace más de un mes que solicitó una entrevista con el conselleiro Francisco Conde, por lo que ahora que tienen un dictamen jurídico, muestre más interés. El personal advierte de que la Xunta ya realizó un informe jurídico en 1992 cuando el grupo Villar Mir compró Carburos Metálicos y planteó una pelea en los tribunales para lograr segregar las actividades. Todas las sentencias fueron en su contra; la última, del Supremo, en 1996. La plantilla criticó a Ferroglobe. "Esta empresa no dice una verdad, está engañando con proyectos industriales fantasma que no puede hacer con un déficit de 500 millones", dijo Suso Casais.