La supuesta venta irregular de inmuebles pertenecientes a la corporación de Caixa Galicia a la mujer del que era director general de esta entidad, José Luis Méndez, y que se llevaron a cabo presuntamente por debajo del valor de tasación y cuando ya se conocía la fusión de las extintas cajas gallegas será objeto de investigación en el Parlamento gallego. Es la única concesión que el PP hace a la oposición en la reapertura de la comisión de investigación de la fusión de las antiguas cajas gallegas. Sin embargo, no se mueve en su decisión de que no abrir una nueva ronda de comparecencias.

En Marea, PSdeG y BNG coincidían en exigir el regreso de José Luis Méndez a la comisión parlamentaria para que diese cuenta de estas operaciones inmobiliarias, pero también de la "suculenta indemnización" que se llevó a su marcha de Caixa Galicia. Aludía ayer mismo Leiceaga, al informar de los planes del PSdeG para la comisión de investigación, a los 18 millones de euros que se embolsó Méndez, tras forzar el Banco de España su marcha al responsabilizarlo de la mala situación de Caixa Galicia, y de los privilegios que mantuvo durante meses. Por ejemplo, la representación de la entidad fusionada en consejos de administración de varias de las participadas -remuneración y dietas incluidas-, chófer, secretaria y gastos pagados en telecomunicaciones.

El portavoz del PP gallego en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, justificó aceptar la denuncia que la CIG remitió a la Fiscalía del TSXG sobre posibles irregularidades en la venta de inmuebles a familiares de Méndez porque "es objetivo fundamental" de la comisión conocer a fondo la gestión de las entidades fusionadas desde antes del inicio de la crisis. No descarta tampoco dar el visto bueno a otras peticiones de documentación por parte de la oposición. Según la denuncia de la CIG, Rosa Pascual adquirió presuntamente 14 inmuebles propiedad de Corporación Caixa Galicia, entonces dirigida por su propio hijo, valorados en más de 1,8 millones de euros y lo hizo por un importe de poco más de 1,5 millones. El perjuicio patrimonial de todas estas operaciones para el holding habría sido de más de 285.000 euros. La última de las operaciones de compra fue tan solo dos días antes de que naciera Novacaixagalicia, el 1 de diciembre de ese mismo año.

En Marea quería que por estas ventas compareciesen en el Parlamento los hijos de José Luis Méndez, ambos con responsabilidades en la antigua Caixa Galicia, y que su padre regresase al Parlamento. Pero el veto del PP es categórico. Para Puy "no tiene sentido que vuelvan" personas que ya pasaron por O Hórreo. José Luis Méndez ya intervino en la comisión y "los grupos pudieron preguntarle todo lo que quisieron", esgrimió. Este argumento lo empleó para rechazar la intervención de Méndez, pero también la del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, o el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entre otros que demanda la oposición y que ya pasaron, bien para responder oral o de forma escrito a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Puy abogó porque la comisión elabore un dictamen sobre la fallida fusión de las cajas gallegas con unas conclusiones "fundamentadas en datos y evidencias, y no en insinuaciones de conspiraciones de capital global". Advirtió de que el partido mayoritario querría unas conclusiones sobre qué pasó con el sistema financiero gallego "lo más compartidas posibles", pero no permitirá que se convierta en "una lista de perjuicios". Puy se comprometió a que la comisión trabaje "lo más rápida posible" y defendió que el PP acude "con la conciencia tranquila". Los trabajos se han retomado tres años después de concluir las labores previas a la elaboración de unas conclusiones sobre lo sucedido con las cajas de ahorro gallegas.