Ferroatlántica tiene prisa por vender sus centrales hidroeléctricas en Galicia pero sigue sin mover ficha. El sábado pasado, día 22, se cumplían dos semanas del acuerdo que Ferroatlántica selló con las federaciones nacionales de UGT, CCOO, USO y SU para desarrollar un plan industrial con 200 millones de inversión y 900 empleos entre directos e indirectos, todo a financiar con la venta de las centrales hidroeléctricas que tiene en A Costa da Morte y Fisterra y en Huesca. Su pretensión, según dijo el pasado día 8, era solicitar "en breve" la autorización a la Xunta para modificar la concesión que rige la explotación de esos saltos de agua gallegos y que impide segregar -y por lo tanto vender por separado- esa actividad energética de las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría.
Dos semanas después la multinacional reconoce que todavía no ha iniciado la tramitación del expediente ante la Xunta, a pesar de que el plan industrial y sus inversiones están condicionados a obtener los permisos administrativos antes del 31 de mayo. Así lo recoge el acta del preacuerdo marco para el desarrollo del plan de futuro de inversiones y empleo en el grupo Ferroatlántica en España, a la que ha tenido acceso este periódico y que ayer confirmaron fuentes de la compañía.
La venta efectiva, en este año
El preacuerdo que provocó la dimisión de los delegados de UGT y CCOO en el comité de empresa de Cee y Dumbría, en contra del plan y de la venta de las centrales, recoge la necesidad de "la obtención de fondos extraordinarios procedentes de la venta de los activos energéticos". Pero no solo. El acta advierte de que el preacuerdo laboral está condicionado a dos puntos: "La obtención antes del 31 de mayo de todas las autorizaciones administrativas necesarias para hacer posible, con todas las garantías legales, la segregación y posterior venta de los activos energéticos" pero también "la enajenación efectiva de dichos activos por parte del grupo Ferroatlántica en España".
Ferroatlántica (integrada desde 2015 en la multinacional Ferroglobe) advierte de que el preacuerdo está suspendido hasta que se cumplan las dos condiciones, aunque consciente de que esta situación no puede ser eterna, fija como fecha límite para su aplicación el 31 de diciembre, fecha tras la cual pasará "de suspendido a extinguido".
Ferroatlántica podría incluso obtener la autorización de la Xunta a la venta de las centrales y no lograr cerrar el acuerdo de venta que supuestamente tiene con el fondo canadiense Brookfield y con el que espera obtener 255 millones. Eso daría al traste con el plan de inversiones. De se capital, algo más de cien millones se irían a reducir la deuda neta, liquidar el contrato de arrendamiento financiero o leasing que pesa sobre los saltos de agua, con lo que le quedarían libres 153 millones para invertir. Como ya publicó este diario, la venta de las centrales permite obtener fondos, pero sobre todo, da capacidad a Ferroatlántica de saldar esa parte de la deuda que tiene y obtener cierta libertad de movimientos con la banca, que tiene bloqueada su capacidad de endeudamiento. Entre otros fondos, la compañía podría acceder así a los 72 millones de préstamos que el Gobierno le concedió con cargo al plan Reindus para financiar el desarrollo del silicio solar.
La plantilla, en contra
El comité de empresa de Cee y Dumbría añade la inmediata caducidad del plan industrial a sus argumentos de falta de garantías para combatir el plan del grupo de Juan Miguel Villar Mir (investigado en la operación Lezo, como presidente de la constructora OHL). La plantilla cree que sin las centrales, las fábricas de Cee y Dumbría cerrarán y dejarán sin empleo a los 400 trabajadores que directa o indirectamente viven de ellas. La firma, por lo contrario, dice que el riesgo de ajustes entra en escena sin el plan industrial. El preacuerdo de hecho recoge que sin esas inversiones, la planta piloto para el desarrollo de silicio de calidad solar de Arteixo cerrará de forma inminente. Un argumento que los trabajadores consideran un "chantaje para presionar a la Xunta" y conseguir vencer su resistencia a la autorización.
