Ferroglobe, la multinacional a la que pertenecen Ferroatlántica y las seis centrales hidroeléctricas que quiere vender en las comarcas de Fisterra y A Costa da Morte, contraataca. La multinacional acaba de entregar un informe jurídico a la Xunta que avala la segregación de las actividades industrial (ferroaleaciones) y eléctrica (la de las centrales) en Cee y Dumbría que le permitiría vender los saltos de agua. El dictamen, elaborado por dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela, fue entregado con la solicitud del permiso para la segregación y posterior venta, que la firma formalizó el jueves ante el Gobierno autonómico. Los expertos defienden en él que la autorización es "jurídicamente viable" y que la Xunta "no podría" negarse "legítimamente" a esa operación sin incurrir en "arbitrariedad".

Ferroglobe intenta vencer las resistencias que su pretensión de vender los saltos de agua han generado en las comarcas de Fisterra y A Costa da Morte y aprovechar la reforma de la ley del sector eléctrico -que entre otras cosas impide que las empresas puedan generar la electricidad que consumen- para legitimar legalmente una operación que está expresamente prohibida en la concesión que la Xunta le dio para explotar los ríos Xallas y Grande. Esa autorización y las que Augas de Galicia le expidió para cerrar contratos de arrendamiento financiero o leasing sobre los saltos de agua obliga a mantener las dos actividades industriales como una sola.

Los catedráticos José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho defienden en un informe de 24 páginas que esas limitaciones se establecieron en los años noventa, cuando el grupo Villar Mir compró los saltos de agua -junto con las factorías de Cee, Dumbría y Sabón-, y que no existían originalmente, dado que las primeras concesiones son de los años cincuenta. Los profesores alegan que ya no se dan las "circunstancias fácticas" en las que la Xunta prohibió la segregación, porque el resultado de explotación de las fábricas de ferroaleaciones "permite sostener que su viabilidad no se encuentra en la situación de precariedad que sufrían cuando fueron compradas". A esas nuevas circunstancias unen los expertos las limitaciones legales al autoconsumo eléctrico para defender "la posibilidad de solicitar con indudable fundamento jurídico" la revocación del veto a la venta. Alegan además que esta limitación es "discrecional" y que limita la organización empresarial; una "obligación de carácter accesorio para un fin distinto a la garantía del respeto del destino del agua concedida o a la protección del dominio público hidráulico" que precisamente por esto ven jurídicamente viable eliminarla, al entender que no altera las características de las concesiones. "La Administración no podría legítimamente negarse, pues incurriría en arbitrariedad, a la estimación de una solicitud de supresión de la cláusula sin motivar de manera suficiente las razones de interés público que justificarían su mantenimiento en el momento actual, razones que de acuerdo con lo expuesto en el presente dictamen, ya no subsisten", dicen los autores, que se apoyan en los artículos 109.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y el 4.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

El informe de la empresa llega dos meses después de que el comité de empresa de Ferroatlántica en Cee y Dumbría presentase el suyo, también elaborado por un jurista, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich, pero que dice todo lo contrario, que la concesión de la autorización que pretende Ferroglobe sería "nula de pleno derecho" y que el funcionario o autoridad que la firme incurriría en "prevaricación". Aymerich alegaba en su dictamen que modificar la concesión sería motivo para extinguirla, lo que supondría que la titularidad de las centrales recaería sobre la Xunta, que de adjudicarlas tendría que hacerlo en un concurso público.

La Xunta prometió ayer analizar la solicitud de la multinacional bajo los criterios de defensa de la legalidad y el empleo, según expresó ayer el vicepresidente Alfonso Rueda. El director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, insistió ayer en reafirmar el "compromiso absoluto" de la Xunta con la "transparencia" sobre Ferroatlántica y el mantenimiento del empleo y la industria en A Costa da Morte, durante su intervención en una comisión parlamentaria.