Las obligaciones que Ferroatlántica (integrada en la multinacional Ferroglobe) contrajo con las federaciones nacionales de UGT, Comisiones Obreras, USO y SU para lograr su respaldo a la venta de las seis centrales hidroeléctricas que explota en A Costa da Morte y Fisterra caducan en quince días. El acuerdo laboral recoge expresamente que su vigencia se condiciona a dos cuestiones; que la operación de venta de esos saltos de agua (y otras cuatro en Huesca) se cierre y que antes del 31 de mayo la empresa obtenga "todas las autorizaciones administrativas necesarias para hacer posible, con todas las garantías legales, la segregación y posterior venta de los activos energéticos".
Fuentes de Ferroglobe reconocen que tal y como figura el acuerdo, esas son las condiciones y que la empresa no se ha planteado ninguna alternativa de momento, a pesar de que tramitó la solicitud a la Xunta el pasado día 11 de mayo, un mes y tres días después de haber firmado el acuerdo con los trabajadores y 20 días antes de que termine el plazo impuesto por la compañía. La tramitación se retrasó además a mayo por decisión de la empresa y después de que el presidente de Ferroatlántica en España, Pedro Larrea, advirtiese el 15 de febrero pasado en una visita a Galicia: "El tiempo se agota".
Ferroatlántica solicita a la Xunta que modifique la concesión por la que se rige la explotación de los ríos Xallas y Grande para eliminar la prohibición de segregar esa actividad de producción energética de la de fabricación de ferroaleaciones que desarrollan las fábricas de Cee y Dumbría, vigente desde que en los noventa Ferroatlántica compró fábricas y centrales a Carburos Metálicos bajo esa condición.
La firma admite que no puede solicitar a la Administración que resuelva su solicitud en un plazo determinado, al no tratarse de un procedimiento reglado y destaca que el último plazo que figura en el pacto laboral es el 31 de diciembre. Las actas de ese preacuerdo laboral dicen textualmente: "Únicamente en el supuesto de que se produzcan ambas condiciones [obtener los permisos y conseguir cerrar la venta] entrará en vigor el presente acuerdo y sus anexos, encontrándose hasta entonces suspendido". En una cláusula posterior añade: "...Las partes firmantes son conscientes de que el acuerdo marco y sus anexos no pueden estar suspendidos sin fecha de término alguna. Por ello, si el presente acuerdo no hubiera entrado en vigor antes del 31 de diciembre dfe 2017, quedará sin efecto alguno, pasando de estar suspendido a extinguido"
Tal y como están los documentos a día de hoy, si la Xunta autorizase la segregación de activos y posterior venta de las centrales hidroeléctricas después del 31 de mayo, los acuerdos laborales serán papel mojado. Ferroglobe podría hacer caja sin necesidad de cumplir sus compromisos con CCOO, UGT, USO y SU. Ese preacuerdo prevé una inversión de 200 millones de euros en España y crear hasta 900 empleos entre directos e indirectos. Galicia recibiría la mitad de la inversión y el empleo, aunque solo 200 puestos serían directos.
El frente común contrario a la venta creado por empleados, alcaldes, sindicatos, partidos políticos, y entidades sociales de todo tipo de A Costa da Morte y Fisterra advierte además de que si se elimina la vinculación entre las centrales y las fábricas, Ferroglobe podría cerrar las factorías a corto o medio plazo y deslocalizar la producción a otro país donde también tiene centros de trabajo.
Los trabajadores y el comité de empresa de Cee y Dumbría, con 400 empleados entre directos e indirectos, añade que además de la obligación de mantener las dos actividades unidas, la empresa tiene otro compromiso que garantiza el empleo, y es la pérdida de la concesión sobre las centrales en el caso de que las fábricas de ferroaleaciones dejaran de ser rentables. Advierten además de que todos esos activos alteraron el patrimonio natural de Cee y Dumbría y causaron daños personales durante y a causa de su construcción y se llevó a cabo apelando a la necesidad de abastecer de energía a la industria en una zona económicamente deprimida.
Tampoco creen en las promesas de la empresa que incluye en el plan industrial el llamado horno 23 de producción de ferrosilicio para la fábrica de Dumbría porque fue ya comprometido hace décadas y sigue pendiente.
Las promesas
Además de esta infraestructura, Ferroglobe propone construir una fábrica de carbón vegetal en la comarca con 9 millones de inversión y 95 empleos (solo 20 directos); una planta de sinterizado de manganeso en Cee con 7 millones de presupuesto y 20 empleos e inversiones para modernizar las instalaciones en esta comarca. A la plantilla de Sabón Ferroatlántica le prometió una planta de silicio solar con 42 millones de inversión (fue anunciada públicamente en septiembre, y un mes después, condicionada a la venta de los activos hidráulicos), de los que la mitad podrían financiarse con un crédito a bajo coste del Gobierno.
Ferroglobe tiene un acuerdo con el fondo canadiense Brookfield para venderle las diez centrales españolas por 255 millones de euros. Ferroatlántica sólo ingresará 153 de ellos. La firma, como ya reconoció ante los sindicatos con los que alcanzó el acuerdo, busca una salida a una situación "límite". Promete un plan industrial por 200 millones, pero en realidad acaba de refinanciar su deuda -de unos 350 millones- en unas condiciones no demasiado ventajosas y ese acuerdo con la banca le impide incrementar sus pasivos, ni siquiera para acceder al crédito de 72 millones que el Gobierno concedió a su proyecto de silicio solar. A la firma tras invertir 200 millones, le quedarían 25 (con el crédito del Ejecutivo central) para financiar su día a día o sanear sus cuentas.
