El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reconocieron ayer ante los alcaldes de las comarcas de Fisterra y A Costa da Morte que el plan industrial presentado por Ferroglobe para detallar en qué invertiría el dinero que espera obtener de la venta de sus centrales hidroeléctricas no ofrece ninguna garantía del mantenimiento de la actividad industrial y el empleo. Feijóo dejó claro ante los regidores que su Gobierno espera tener listo en entre quince y veinte días el informe encargado a la asesoría jurídica de la Xunta, tras lo que volverá a citarles para analizar la situación.

Eso fue lo que trasladaron a los alcaldes de Cee, Ramón Vigo; Vimianzo, Manuel Antelo; Carnota, Ramón Noceda; Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León; Muxía, Félix Porto; Fisterra, Ramón Marcote. Corcubión, Manuel Insua; Zas, Manuel Muiño, Mazaricos, Juan José Blanco Riveiro y al teniente de alcalde de Dumbría, José Antonio Casais, durante la reunión celebrada ayer a mediodía en la Xunta. El encuentro, "cordial", según los alcaldes, duró tres horas pero no permitió llegar a "ninguna conclusión" aunque sí abordar la situación creada tras la solicitud del permiso de Ferroglobe para la venta y el plan industrial presentado.

Los responsables del Gobierno autonómico coinciden así con el comité de empresa de Cee y Dumbría y con los regidores de la zona que ven "poco creíble" el conjunto de inversiones prometidas por la multinacional que sí sirvieron para convencer a los trabajadores de Sabón (Arteixo) Boo (Santander), Huesca y a las federaciones nacionales de UGT y Comisiones Obreras, que dieron su respaldo al plan a financiar con la venta de las hidroeléctricas gallegas.

Ese desarrollo industrial, sin embargo, no es de momento objeto de análisis ni discusión para el Gobierno gallego, que ayer reconoció que no dará ningún paso hasta que obtenga el informe de su asesoría jurídica sobre la posibilidad o no de modificar la concesión administrativa que la Xunta otorgó a Ferroatlántica para obtener electricidad de los ríos Xallas y Grande. Conde desvinculó las dos operaciones que Ferroatlántica insiste en presentar como una sola. "Son dos cuestiones distintas; una es si se puede aceptar la petición y como no tenemos informe jurídico, no podemos dar una repuesta", explicó el conselleiro. Y otra cuestión es el plan industrial presentado por la empresa en caso de que se aceptara esa segregación y venta, "que puede ser un elemento que permita la continuidad de la actividad [en la zona] y ahí es donde no hay ningún tipo de garantía", admitió.

La concesión administrativa prohíbe de momento que la actividad energética y la de fabricación de ferroaleaciones dejen de ser consideradas una sola industria y, por tanto, veta la venta de las hidroeléctricas que Ferroatlántica tiene ya negociada con el fondo de inversión canadiense Brookfield. Según explicaron Feijóo y Conde, el estudio jurídico pretende analizar si, como defiende Ferroglobe, la modificación de la legislación sobre energía que le prohibe desde 2013 consumir directamente la electricidad que producen sus centrales y le obliga a venderla en el mercado, donde luego la compra, modifica en algo la naturaleza jurídica de la concesión u obliga a modificarla.

Feijóo, tal y como aseguró el alcalde de Cee, comentó durante la reunión que es presidente "de todos los gallegos" y llegó incluso a mencionar la situación de Sabón, donde Ferroglobe anunció una inversión de 42 millones para una fábrica de silicio solar durante la campaña de las últimas autonómicas y ahora condiciona ese proyecto a la venta de los saltos de agua. "Sabón no forma parte de nuestras reivindicaciones, es una industria más del grupo. Al presidente le afecta más porque lo es de todos los gallegos, pero en todo momento con nosotros reconoció que la concesión de la Xunta es para explotar recursos de nuestro territorio y debe repercutir allí" , aseguró el alcalde de Cee, Ramón Vigo, en declaraciones a este periódico.

El conselleiro, que compareció ante los periodistas tras la reunión, detalló que el Ejecutivo de Feijóo "no va a dar ningún paso sin el posicionamiento jurídico de los técnicos" e insistió en que con la decisión se salvaguardará "el interés público, y lo más relevante, mantener la actividad industrial en A Costa da Morte". Tanto el presidente como el responsable de Economía trasladaron a los alcaldes su compromiso de hacerles partícipes en la decisión: "El compromiso del presidente es seguir con el diálogo y cualquier decisión será puesta en común con los alcaldes".

Ramón Vigo, que detalló que Xunta y concellos prometieron mantener la lealtad institucional, explicó también al término del encuentro que las dos partes están de acuerdo en que la empresa no ofrece ninguna garantía para modificar la actual concesión y pronosticó que la factoría de su municipio tendría "grandes dificultades" para garantizar su continuidad sin las centrales hidroeléctricas. "Lo que más garantías ofrece es mantenerla como está, aunque nunca hay una absoluta certeza porque los puestos de trabajo ya se redujeron de los 400 que había hace años a los 280 de ahora", dijo Vigo, quien consideró que el único interés de Ferroglobe es solucionar un "problema financiero", para lo que pretende deshacerse de los saltos de agua. "Las centrales son como un seguro de vida para las fábricas. Creer que seguirán allí si se venden las hidroeléctricas es mucho creer", destacó el teniente de alcalde del Concello de Dumbría, José Luis Casais, quien advirtió de que una vez que la Xunta se pronuncie, los alcaldes "tomarán decisiones" porque su función es "defender a los trabajadores y la permanencia de la empresa".