A pesar de que "los vientos de la recuperación" soplan ya a favor del tejido empresarial gallego y las entidades bancarias empiezan a abrir de nuevo el grifo del crédito, la Xunta no replegará sus políticas de apoyo a la financiación de las empresas gallegas en 2017. Durante este año el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) tiene previsto inyectar 97 millones de euros en préstamos a casi 3.000 pymes, lo que permitirá movilizar inversiones por más de 425 millones. Dentro de este gran paquete de apoyo financiero -denominado Galicia 1000- el Consello de la Xunta aprobará esta semana una primera línea de crédito dirigida a aquellas empresas que quieran ampliar, modernizar o renovar sus instalaciones o bien necesiten circulante para reforzar sus estructuras financieras o avanzar en sus planes de internacionalización. Estas ayudas, que se nutren del Banco Europeo de Inversiones, servirán para impulsar inversiones por 20 millones de euros.
Lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la Asamblea de la Empresa Familiar en la que el empresario Víctor Nogueira, del Grupo Nogar, tomó el relevo a Emilio Pérez Nieto (Pérez Rumbao) al frente de esta asociación que aglutina el 92% de las firmas gallegas y el 86% del empleo de la comunidad.
Tras agradecer a Pérez Nieto su "excelente trabajo" al frente de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, Feijóo expuso que tras "las extraordinarias dificultades" que tuvo que afrontar Galicia, ahora la economía gallega "se recupera de forma sólida". Así, recordó que la Xunta estudia elevar su previsión de crecimiento económico para este año.
Ley frente a la fuga hacia Portugal
Para reforzar el tejido empresarial gallego, captar inversiones y evitar la fuga hacia el norte de Portugal, la Xunta prepara una ley para favorecer la implantación de nuevas firmas en suelo gallego que prevé llevar al Parlamento antes del verano, según Feijóo. "El objetivo es eliminar obstáculos para que las empresas se instalen en Galicia con la reducción de la carga fiscal, la rebaja de tramitaciones administrativas y el acceso a suelo industrial", explicó.
