Ferroglobe actúa desde hace meses como si el permiso de la Xunta que busca para cambiar la concesión administrativa de las hidroeléctricas del Xallas y poder venderlas al fondo de inversión Brookfield fuese un mero trámite. La multinacional firmó un "acuerdo definitivo" con el fondo canadiense en febrero, como relató en las cuentas del primer trimestre adelantadas ayer por este diario; alcanzó un pacto con las federaciones nacionales de los sindicatos representados en sus fábricas (salvo la CIG) con inversiones millonarias pero condicionado a que la Xunta le diese el permiso antes del día 31 de este mes y luego presentó la solicitud el 11. Y esta semana dio otro paso. El registro en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de un acuerdo de su consejo de administración para segregar de la matriz grupo Ferroatlántica S.A.U. su actividad industrial, que se trasladará a otra firma.

Ferroatlántica de Electrometalurgia asumirá una actividad que el grupo considera "constitutiva de una unidad económica a efectos de lo previsto en la Ley sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles" y que consiste en la extracción y tratamiento de los recursos naturales necesarios para la fabricación de productos y aleaciones derivadas del silicio metal y del manganeso (...); la fabricación de aleaciones de manganeso (...); de silicio metal y de aleaciones de silicio metal y la comercialización de los anteriores".

Esta separación de actividades descapitalizará Ferroatlántica SAU con una reducción de capital de 60 millones de euros ,y otros 43 millones en reservas, lo que dejará su capital social en 60.000 euros.

Pero la segregación sólo será efectiva si la Xunta modifica la concesión, que actualmente prohibe la venta de las centrales hidroeléctricas que, con las fábricas de Cee y Dumbría, constituyen un único centro de trabajo y una sola sociedad. Así lo recoge el Borme de ayer: "La efectividad de la escisión queda supeditada a la previa obtención por Ferroatlántica de la autorización administrativa (...) de Augas de Galicia relativa al cambio en la titularidad de la concesión, pasando del régimen de cotitularidad a titularidad única por Ferroatlántica y manifestando que la actual prohibición de segregar las actividades de producción de ferroaleaciones y electricidad ha quedado suspendida", dice el documento, que no menciona la operación de venta.

Duro debate en el Parlamento

La publicación de la segregación en el Borme coincidió ayer con el debate de la situación de Ferroatlántica en Fisterra y A Costa da Morte en el Parlamento gallego. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, prometió durante la respuesta a dos preguntas del BNG y de En Marea no tener más compromiso que con la plantilla. "Los trabajadores tienen mi palabra de que no tengo más compromiso que con ellos", dijo en un encendido debate en el que se proclamó "garante" del cumplimiento de la ley y del mantenimiento del empleo y prometió no dejarse "presionar".

A la plantilla, que presenció el debate desde la tribuna de invitados, no le pareció sin embargo que Feijóo defendiese sus intereses cuando advirtió: "Si lo que pide [Ferroatlántica] no se ajusta a la ley, se archivará el expediente", pero en caso de que los letrados de la Xunta que lo analizan lo vean compatible con la normativa Feijóo no aceptará "ninguna propuesta de la empresa que no garantice de forma igual o superior" los empleos que ya existen". El comité ve en esta afirmación una posibilidad de que la Xunta pretenda garantizar el mantenimiento del empleo con el plan industrial de Ferroglobe, que consideran "increíble". "El presidente está dando fuerza a ese manido proyecto industrial de la empresa, que no es otra cosa que un plan de reconversión y desmantelamiento", dijo el comité en un comunicado en el que adelanta que prepara nuevas movilizaciones y advierte de que sólo pide a la Xunta lo mismo que ya hizo el gobierno de Manuel Fraga en 1992.

Feijóo reconoció que la solicitud de Ferroglobe llegó "hace cuatro días hábiles" a la Xunta, por lo que inicialmente está siendo estudiado por la asesoría jurídica, y prometió que mañana facilitará al comité de empresa la documentación entregada por la empresa con la petición. Se comprometió además a informar a los trabajadores y los alcaldes de la zona de las decisiones que adopte su Gobierno. "La Xunta actuará con rigor", incidió el presidente, que es consciente de que la empresa acudiría a los tribunales en caso de que se le deniegue algo que la asesoría jurídica aprueba.

Tan creíble como Bárcenas

La portavoz del BNG, la primera en interpelar a Feijóo durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara, reclamó claridad al presidente, al que le recordó que hay "300 familias en la cuerda floja" a la espera de la decisión administrativa, porque, argumentó, las hidroeléctricas son el "salvavidas" de las fábricas. Pontón aludió a las supuestas "garantías" de empleo de Ferroatlántica, para recordar los anteriores incumplimientos del grupo Villar Mir, que redujo en 200 empleos los que había en Cee y Dumbría, prometió el horno 23 hace 19 años y vuelve a introducirlo en el plan industrial y que lleva 20 años sin modernizar las fábricas. "Las inversiones anunciadas por Villar Mir tienen la misma credibilidad que si encarga a Bárcenas un plan anticorrupción", espetó Pontón, a quien Feijóo acusó de demagoga y le advirtió de que no consentirá que se presente como "la única benefactora" de los trabajadores. "Galicia no está para pagar los favores de su partido; para que un imputado haga caja con sus recursos naturales", rebatió la nacionalista, en referencia a la operación Lezo

En la misma línea fue la pregunta de En Marea, cuyo portavoz, Luís Villares, blandió la publicación del Borme, una "provocación" que le sirvió para argumentar que a la empresa "le importa un bledo la legalidad" y acusar a Feijóo de rendir cuentas "a quien financia a su partido". Feijóo rechazó sin embargo el debate de la solución ofrecido por En Marea y el "acuerdo de país" ofrecido por Pontón. Su partido dijo, está "legitimado" para actuar porque representa a "la mayoría del país" y fue elegido por mayoría absoluta en dos legislaturas seguidas.