El argumento de que España tenía centrales de electricidad de sobra para asegurar el consumo de los hogares y la industria queda lejos. Fue la razón por la que el Gobierno impulsó la reforma energética que acabó con las primas a las fuentes renovables y concentró la inversión en nuevas infraestructuras de transporte solo para aquellas que fueran fundamentales para garantizar el servicio con calidad. Solo una semana después de la macrosubasta de 3.000 megavatios (MW) de renovables, el Gobierno anuncia otra ya. Por la misma cantidad, "ante la previsión del crecimiento del consumo de electricidad del entorno del 0,8% anual hasta 2020" y por "la necesidad de cumplimiento del objetivo europeo" que marca para ese mismo año que el 20% de toda la energía consumida en los países miembros sea de tecnologías verdes. En España ronda ahora el 17%.
El anuncio lo hizo el mismísimo presidente del Gobierno durante la celebración ayer de una cumbre de expertos que servirá para poner las bases de la futura ley española de cambio climático y transición energética. Es, según Mariano Rajoy, "la gran batalla". "El cambio climático es una de las encrucijadas más importantes que hemos afrontado a lo largo de la historia", sostiene. Rajoy avanzó que la puja se celebraría "lo antes posible" y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó ayer mismo el borrador de la convocatoria.
El departamento que dirige Álvaro Nadal no esconde que se anima a hacerlo por el resultado de la anterior. Que fue la segunda puja desde la entrada en vigor de la reforma del sector. En la primera, en enero de 2016, se subastaron solo 700 MW sin ingresos a mayores de lo recibido por la venta de la producción en el mercado. En la de la semana pasada, las ganadoras entraron también en el cupo gracias a ofrecer el máximo descuento en la llamada retribución específica -un pago excepcional que Energía reserva para garantizar la inversión en renovables-, pero, a diferencia de la anterior, las adjudicatarias cuentan con un suelo del 7,5% en la rentabilidad. Dice el borrador de energía que las nuevas instalaciones "se configuran como un pilar fundamental" para lograr los objetivos "vinculantes" de Bruselas y "se considera de especial interés establecer un nuevo cupo de potencia instalada".
La tramitación se hará por la vía de urgencia. ¿Por qué? "Debido al reducido plazo disponible para la celebración de la subasta y la puesta en marcha de las instalaciones adjudicatarias de forma que contribuyan al cumplimiento de los objetivos comunitarios vinculantes en materia de uso de energía procedente de fuentes renovables", explica Energía. Las de la segunda subasta tienen que estar funcionamiento en diciembre de 2019.
La eólica y la fotovoltaica -aunque esta última de forma residual- demostraron "una mayor capacidad" de "competir con las tecnologías convencionales". Por eso la nueva puja se centrará exclusivamente en ellas. No será neutral. Sí se mantiene "el procedimiento de asignación y las mismas reglas", por lo que las ganadoras mantienen la garantía mínima de rentabilidad.
En la anterior macrosubasta, en la que la aragonesa Forestalia arrasó con 1.200 MW, cuatro de las adjudicatarias cuentan con proyectos eólicos pendientes en Galicia. Son Gas Natural Fenosa, Endesa, Gamesa y Norvento. Entre ellas alcanzan los 1.500 megavatios.
