El ministro Luis de Guindos aseguró ayer en el Congreso que el Popular, intervenido y adjudicado al Santander entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles pasados, era "un banco zombi" y justificó que fue el Banco Central Europeo (BCE) el que al asegurar que la entidad se encaminaba a la insolvencia activó su intervención por parte del Mecanismo Único de Resolución (MUR).

De Guindos, que ayer presentó la operación como "ágil y eficaz" al evitar el contagio al riesgo bancario y soberano y testar la unión bancaria en el seno de la Unión Europea, se presentó en la comparecencia a petición propia ante la Comisión de Economía del Congreso con una enmienda a la totalidad de todo lo que había dicho sobre el Popular antes de su expropiación. De Guindos también reconoció, ante la interpelación del PSOE, que la normativa permitirá al Santander contabilizar 1.800 millones como capital de máxima calidad y descontárselo sobre el impuesto sobre Sociedades por la normativa de los créditos fiscales, siempre que cumpla la condición acordada con la CE de pagar por ellos una garantía al Tesoro.

"El Gobierno y el Ministerio de Economía no tienen inspectores, los tiene el supervisor y es el que analiza la situación de la entidad. Eso es lo que me dicen: ni problemas de solvencia ni de liquidez". "Es un banco saneado", dijo el ministro el pasado 10 de abril, el mismo día que Emilio Saracho , presidente del Popular, reconocía que necesitaría ampliar capital o una fusión. Los portavoces de la oposición en la comisión le recordaron ayer sus contradicciones, ante lo que el ministro se agarró a los matices de sus afirmaciones y explicó que hablaba de los informes de los supervisores, no de su criterio.

De Guindos sin embargo exculpó a los organismos reguladores de la situación del Popular y al propio Ejecutivo. "Ni el BCE ni el Banco de España ni la [Comisión Nacional del Mercado de Valores] CNMV ni el Gobierno intervienen en las decisiones que toman los bancos", advirtió. "Algo ha fallado, a lo mejor teníamos que mirar más dentro de la entidad", espetó tras encogerse de hombros ante las preguntas de los portavoces. El ministro reveló sin embargo que el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), dependiente de su departamento, ha pedido explicaciones a PricewaterhouseCoopers, la auditora del Popular, por haber dado el visto bueno a las cuentas de 2016, que luego tuvieron que ser corregidas en un Hecho Relevante. "Aquí había un auditor que era exactamente el mismo que pocas semanas después de cerrar las cuentas hace una serie de cambios; es lógico que el responsable de los auditores le pregunta cuáles son las razones", dijo y añadió: "Seguramente la CNMV también abrirá una investigación sobre la ampliación de capital del año pasado" para saber si en esa operación hubo alguna situación "irregular", en referencia a los 2.500 millones de euros captados en 2016. De Guindos precisó que el folleto de esa emisión alertaba de las necesidades de capital: "Se ponían avisos y advertencias; ahora, los juzgados son autónomos para valorar si se dio toda la información".

El ministro abrió ayer su comparecencia con un discurso oficial dirigido a defender que la intervención no costó un euro al erario público y que había garantizado los depósitos de los clientes". Reconoció, no obstante, que el sistema europeo presenta problemas, como se vio en este caso para hacer frente a situaciones de falta de liquidez, lo que merece una revisión. La del Popular, relató el responsable de Economía fue especialmente dura. "Popular pide un ELA (Línea de Liquidez Extraordinaria) el lunes y otro el martes. Sin embargo, la fuga de depósitos llega a ser de tal magnitud que lleva a que a las 3 de la tarde del martes la entidad agote la liquidez disponible y no pueda solicitar más por falta de colateral", dijo. Fue entonces cuando el BCE decretó su insolvencia y activó el rescate. De no ser así, defendió De Guindos, el banco no habría podido abrir el miércoles, entraría en concurso y el Fondo de Garantía de Depósitos habría tenido que responder por depósitos de 35.000 millones, que era lo que sumaban los inferiores a 100.000 euros que tenía el banco (de un total de 60.347 millones). Entre las "fuertes retiradas" de depósitos, las de varias comunidades y ayuntamientos.

A preguntas de los portavoces, destacó "el fracaso de todas las soluciones privadas" y reconoció que posiblemente hubiera sido mejor que en 2012, cuando tenía unas necesidades de capital de 3.200 millones de euros el Popular hubiera traspasado sus activos al banco malo o Sareb aunque esto -recordó- "habría supuesto ayudas económicas". La entidad que entonces presidía Ángel Ron salió de la situación con una ampliación de capital y "pasó los test de estrés".

Cinco bancos se interesaron por el Popular tras su resolución, y solo dos firmaron el acuerdo de confidencialidad previo a la adjudicación al Santander, que presentó la única oferta. Ante las críticas de la oposición contra los test de estrés, De Guindos supuso que los autores de dichos informes "estarán investigando qué ha pasado".