La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, aseguró ayer en el Parlamento Europeo que hay "margen" para que la Justicia española investigue si comunidades autónomas y ayuntamientos disfrutaron de información privilegiada para retirar sus depósitos del Banco Popular antes de la resolución de la entidad. "No está en mi poder, no puedo estar involucrada en esto, pero ciertamente hay margen para que la Justicia española investigue esos movimientos para ver si información privilegiada ha ayudado a ciertas personas a intentar protegerse mejor que los pequeños depositantes", señaló la directiva del organismo que dirige Mario Draghi ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara. "Es una cuestión para que la Justicia española y las autoridades de mercado investiguen y tomen medidas si fuese necesario tomarlas", añadió.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, reveló la semana pasada en la Comisión de Economía del Congreso que hubo comunidades autónomas y ayuntamientos "que retiraron cantidades fuertes de depósitos" de Banco Popular.
De todas formas, Nouy recordó que, tras la intervención de Popular y su posterior venta a Banco Santander, ningún depositante perdió dinero y "todo el mundo fue protegido", excepto si "los pequeños depositantes o los minoristas tenían acciones". En cualquier caso, Nouy señaló que la falta de liquidez de la entidad no fue el único factor que condujo a la entidad a la intervención, puesto que este hecho es "el último paso de la enfermedad".
"Si el banco tiene que construir miles de millones en provisiones en los últimos dos o tres años, si tiene que emitir 5.000 millones de capital adicional en el mismo periodo y si el banco ha sido puesto en venta por la junta y el presidente del banco fue por razones estructurales aparte de la liquidez", apuntó la directiva del BCE. Además, evitó detallar en qué momento la ratio de cobertura de liquidez de la entidad pasó a estar por debajo del nivel obligatorio e indicó que cuando un banco tiene problemas de liquidez y el BCE piensa que no hay posibilidades de recuperación, la decisión de declarar a la entidad "en quiebra o en proceso de quiebra" es "cuestión de días".
Nouy también aprovechó su intervención para denunciar que las condiciones para que el BCE pueda intervenir de forma temprana en situaciones como la del Popular son "muy difíciles de cumplir", una opinión que ya trasladó a las instituciones legisladoras de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que representa a los estados miembros.
Nouy insistió, sin embargo, en la idea de que la resolución del Popular fue un "éxito" porque la entidad pudo continuar con su actividad al día siguiente tanto en España como en Portugal "sin poner dinero público". "Modestamente diría que hemos pasado el test", enfatizó.
La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE recordó que el Popular fue el tercer peor banco en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) de 2016 y que el deterioro del capital de la entidad fue "bastante importante y visible". Preguntada por las personas que sufrieron importantes pérdidas tras la resolución de la entidad, Nouy afirmó que los bonos convertibles y la deuda subordinada son "instrumentos peligrosos" y las personas que los compran deberían ser "plenamente conscientes de ello". A su juicio, los inversores minoristas no deberían estar autorizados a adquirir estos productos directamente porque dificulta la ejecución de un rescate interno si fuese necesario.
Demanda de Adicae
Precisamente, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó ayer en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la resolución y venta del Banco Popular. En la demanda Adicae denuncia que el proceso de subasta ejecutado por el FROB tras la habilitación concedida por la Junta Única de Resolución (JUR "no fue correcto ni lo transparente que (...) debía haber sido" y que se "confirieron ventajas" a Banco Santander.
La asociación de consumidores considera que la "alternativa viable" en la operación hubiese sido el canje de acciones de Banco Popular por las de Banco Santander.
