Los juzgados de Primera Instancia habilitados en cada provincia para gestionar los litigios relacionados con las cláusulas suelo registraron cerca de 16.000 demandas (15.801) en junio, según la última actualización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ellas, solo 737 corresponden a Galicia. De los cuatro juzgados gallegos habilitados para tramitar estos casos, el que más ha recibido en su primer mes de funcionamiento es el de Vigo (Pontevedra), con 354, seguido del de A Coruña (273), del de Ourense (99) y del de Lugo (11).

En el conjunto de España fue el juzgado de Madrid el que más denuncias concentró, con 2.803, seguido del de Barcelona (1.033) y del de Valencia, con 834.

Fuentes del CGPJ estiman que, de mantenerse el actual ritmo de entrada, estos juzgados podrían cerrar su primer año de actividad con un total de 192.245 expedientes.

Las cifras incluyen los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia sobre demandas presentadas de forma electrónica a través de la plataforma LexNET en las comunidades autónomas que disponen de dicho sistema, mientras que en Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana fueron ofrecidos por los propios Tribunales Superiores de Justicia.

Entre los supuestos contabilizados se encuentran, además de litigios por cláusulas suelo, reclamaciones sobre otros aspectos de la contratación hipotecaria como son el vencimiento anticipado, los intereses moratorios, las hipotecas multidivisa o los gastos de formalización de hipoteca.

Precisamente, el aumento de los conflictos entre banco y cliente en relación con los préstamos hipotecarios provocó que las reclamaciones presentadas ante el Banco de España se disparasen en los primeros cuatro meses del año. Solo entre enero y abril el regulador bancario recibió 8.000 quejas, frente a las 14.462 registradas durante todo el año pasado, que suponían un descenso del 28,6% respecto a 2015. El repunte se debe principalmente debido al alza de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, que provocó un cambio en la tendencia a la baja de los últimos años, con varios descensos seguidos tras los máximos de 34.645 reclamaciones marcados en 2013, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España.

La mayor parte de las reclamaciones registradas el año pasado, el 55,8%, correspondió a operaciones de activo, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.

Mientras, en cuanto a la resolución y venta de Banco Popular al Santander por un euro, el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió ayer que el proceso fue legal. El ministro aseguró que la gente "tiene sus derechos" y puede plantear los recursos que estime oportuno, no obstante, remarcó que en el proceso se cumplió estrictamente la regulación. De Guindos insistió en que las decisiones que se adoptaron con el Banco Popular se hicieron sin ningún coste para el contribuyente ni la más mínima pérdida para los depositantes.

El pleno del Concello de A Coruña, por su parte, aprobó ayer una moción en la que pide al Santander el mantenimiento del empleo en Banco Pastor (propiedad del Popular), en la Fundación Barrié y en las empresas auxiliares al tiempo que se solidariza con los afectados por la resolución y venta de la entidad financiera.