La Unión Europea aplicó en junio tres procedimientos diferentes de rescates bancarios (dos distintos en Italia y un tercero en España) y sólo en el caso español se acató la nueva norma europea según la cual sólo se puede recurrir a fondos públicos si antes se han consumido todos los recursos privados disponibles para absorber pérdidas: acciones, bonos, diversos tipos de deuda y depósitos por encima de 100.000 euros.

La existencia de tres modalidades distintas de intervención bancaria ha dado pie a la acusación de riesgo de uso arbitrario de las normas por los reguladores bancarios -ahora o en el futuro- para optar por una vía u otras.

Al Monte dei Paschi di Siena se la ha permitido una recapitalización preventiva por el Estado italiano de 5.400 millones. Se justifica porque esta medida está prevista para entidades con insuficiencia de capital pero susceptibles de viabilidad y de generar beneficios. Se argumenta que al Popular no se le pudo aplicar porque estaba mejor: era solvente hasta horas antes de que se quedara sin liquidez, y que el Popular, aunque había suspendido el stress test de 2012, se había recapitalizado y aprobó el de 2016, a diferencia del Monte. Este tendrá que despedir empleados, cerrar oficinas e imponer pérdidas (4.300 millones) a accionistas y tenedores de deuda subordinada.

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Las entidades Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza estaban en circunstancias asimilables a la del Banco Popular. Fueron declaradas sujetas a intervención. La diferencia es el tamaño. Al Popular se le consideró banco de interés general y con efectos sobre la estabilidad financiera, por lo que quedó sometido a la resolución con el criterio europeo. A las dos bancas italianas, menores y con presencia regional, no se las consideró con impacto sectorial y se permitió que el Gobierno italiano aplicase su propia política de ayudas: inyectará 17.000 millones, las bancas se cerrarán y su negocio sano, previa reducción de 4.000 empleos y 600 oficinas, pasarán al banco Intesa Sanpaolo. Italia compensará a los pequeños clientes de los tres bancos que invirtieron en bonos equivalentes a las participaciones preferentes comercializadas en España.