El conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró que la Xunta velará por el cumplimiento de la concesión de las centrales hidroeléctricas gallegas y apeló al diálogo entre Ferroatlántica y los trabajadores de la compañía. Sobre las posibles repercusiones de la decisión de la Xunta de denegar la segregación de las actividades de producción eléctrica y ferroaleaciones para poder vender los saltos de agua de A Costa da Morte, Conde explicó que la situación "en las relaciones laborales necesita el diálogo". "Es el principio rector entre empresa y trabajadores", abundó.

El conselleiro que la Xunta aseguró que el Gobierno gallego controlará que se cumplan las condiciones del "título concesional" porque el Gobierno gallego está "al lado de la ley" para el mantenimiento de la actividad industrial en A Costa da Morte, por lo que la Xunta "será contundente" con las condiciones de la concesión.

Conde defendió la decisión adoptada el miércoles sobre Ferroatlántica. "Fue aplicar la ley y dar una respuesta a una solicitud planteada por la empresa que no se ajusta a derecho", sentenció.

Mientras, la federación de Industria, Construcción y Agro de UGT reclamó ayer la búsqueda de soluciones alternativas a la segregación de las actividades en las centrales hidroeléctricas para posibilitar el desarrollo del plan de inversiones que la empresa tenía previsto acometer. Con este fin, el sindicato solicitó una reunión de carácter urgente de la comisión de seguimiento del plan para "analizar el nuevo escenario y buscar las soluciones que permitan su puesta en marcha".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, por su parte, calificó de "lamentable" la reacción de Ferroatlántica tras conocerse la resolución de la Xunta: "Piensa que Galicia es su finca particular, amenazándonos porque no le permitimos una venta que sería ilegal".

Represalias inaceptables

Mientras, En Marea destacó que vigilará que se cumplan "todos los términos de la concesión" a Ferroatlántica y considera "inaceptable" que la empresa pueda adoptar represalias tras la decisión del Ejecutivo gallego de denegar la segregación de actividades para poder vender las centrales hidroeléctricas.