La batalla judicial de clientes y accionistas del Banco Popular contra su intervención y venta al Santander por un euro arrancó hace ya semanas y mantendrá a los tribunales españoles y europeos entretenidos durante algunos meses. La Audiencia Nacional ya tuvo de hecho que reunir a su Sala de Vacaciones para responder a un recurso presentado esta semana ante la sala de lo Contencioso-Administrativo para suspender urgentemente la operación. Los jueces han decidido rechazarla de momento aunque han abierto una pieza separada del caso y volverán a estudiarlo previsiblemente en septiembre -dado lo apretado del calendario judicial por las vacaciones de verano-. Los abogados gallegos que preparan o han formalizado demandas de accionistas ven poco probable la paralización de la integración del Popular en el Santander por el perjuicio económico que ocasionaría pero la última palabra la tiene la Audiencia Nacional.
Un centenar de particulares y empresas presentaron esta semana un recurso contra la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de ejecutar la resolución (liquidación) de la entidad y adjudicársela al grupo Santander. Este recurso exigía suspender de forma urgente el proceso de integración entre ambas entidades con la imposición de medidas cautelarísimas. La sola solicitud de este tipo de precauciones -mientras los jueces estudian el fondo del asunto- exigía a la Audiencia una respuesta en un plazo de 48 horas que se dio a conocer ayer.
Los magistrados constituidos en sala de vacaciones rechazaron esas medidas cautelarísimas, al no apreciar las razones de urgencia manifestadas en el recurso, por lo que la decisión del FROB continúa en vigor y el Banco Popular se mantiene como una filial del grupo Santander hasta que el proceso de integración finalice, no antes de un año y medio o dos.
El rechazo de las cautelarísimas no supone su descarte absoluto, sino que las convierte en cautelares ordinarias, con lo que volverá a ser estudiado pero no de forma urgente. La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia ha optado por abrir una pieza separada para tramitar los recursos que piden tomar este tipo de medidas y en septiembre se volverá a plantear. Y es que este recurso se suma a los que desde hace semanas llegan a la Audiencia Nacional contra la decisión del FROB. Entre ellos se encuentra el promovido el pasado día 25 por un grupo de accionistas que concentraban el 2% del capital y entre quienes se encuentra un familiar del accionista mexicano Antonio del Valle, que perdió más de 500 millones con la intervención y venta del Popular.
El recurso defendido por el despacho Ontier fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional y exige la suspensión de la venta del Popular al Santander y su integración empresarial como medida cautelar, por lo que los magistrados han decidido abrir una pieza separada del caso para resolver esas medidas precautorias, según adelantó ayer Expansión. La Audiencia Nacional comunicó su decisión al FROB y al Abogado del Estado, que se encarga de la defensa de sus pleitos, y les dio un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Fuentes del fondo de rescate bancario confirmaron a este periódico haber recibido la notificación y precisaron que el departamento de asesoría jurídica analiza con la Abogacía del Estado el recurso admitido a trámite para decidir si presenta o no alegaciones. En todo caso, el fondo precisa que la decisión de la resolución del Popular y posterior venta al Santander fue adoptada por la Junta de Resolución Europea y que el FROB tan sólo se encargó de ejecutarla.
En el caso probable de que el FROB presente alegaciones, la Audiencia celebrará una vista para analizar la petición y resolver sobre ella que muy posiblemente no se celebrará hasta septiembre.
El pasado 17 de julio, la Audiencia Nacional ya admitió a trámite el recurso contencioso administrativo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó contra la resolución de Banco Popular, pero en este caso no se solicitaron medidas cautelares, como en las dos últimas.
Los abogados gallegos que defienden las demandas de accionistas y clientes del Popular que han perdido su dinero dan por seguro que la Audiencia Nacional no aceptará la suspensión cautelar de la operación, que supondría detener la integración de Popular y Santander, operación para la que el banco que preside Ana Patricia Botín acaba de ampliar capital por 7.000 millones. Una decisión judicial en este sentido tendría un elevado coste para la entidad, que además se vería obligada a paralizar las operaciones de venta de activos, ya en proceso.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentará hoy a través del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impugnar la resolución del Banco Popular por la Junta Única de Resolución (JUR).
Aemec pretende conseguir una "adecuada compensación económica por las acciones de Banco Popular, cuyo valor ascendía a 1,85 euros cada una en el momento de la resolución, que debieron haber obtenido en un proceso de liquidación ordenada. Ese valor se extrae de las últimas cuentas anuales auditadas disponibles de la entidad, que arrojaban un capital CET1 de 7.808 millones de euros. Aemec denuncia que la situación patrimonial de Popular "en absoluto justifica" la resolución de la entidad, ni en términos de solvencia, ni de liquidez y asegura que la intervención de las autoridades fue fruto de una "falta evidente de vigilancia prudencial" por parte de los reguladores.
