Los trabajadores de Ferroatlántica en Cee y Dumbría siempre defendieron la ilegalidad de la pretensión de Ferroatlántica porque la concesión de las centrales hidroeléctricas exige su vinculación societaria con las fábricas de ferroaleaciones e impide la venta de unos activos sin los otros.

Su movilización sin embargo fue dura, ante el riesgo de que la Xunta accediese a modificar ese título concesional para permitir segregar ambas actividades y la venta de las hidroeléctricas. Parece poco probable que un recurso administrativo, por bien argumentado que se plantee, logre modificar el criterio de la Asesoría Xurídica de la Xunta, pero muchos de los trabajadores de A Costa da Morte y Fisterra dieron por hecho que el grupo Villar Mir intentaría e intentará vencer todas las dificultades. Y el primer instrumento para presionar, según aventuraban ya hace meses, sería amenazar con un despido colectivo en alguna de las plantas gallegas del grupo.

Los portavoces de Ferroglobe dejaron claro en la reunión del martes que no garantizan los 553 empleos que suman los centros de trabajo gallegos. La amenaza de momento no va más allá.