08 de agosto de 2017
08.08.2017

Competencia urge más medidas que la puja eléctrica para bajar los precios a la industria

La vicepresidenta del supervisor demanda modificar el sistema de subastas a las que acude Alcoa - Las administraciones cocinan un pacto para reducir la factura en 2018

08.08.2017 | 18:09
María Fernández Pérez, ayer, en Avilés.

Las claves

  • CNMC. La vicepresidenta del regulador aboga por modificar el sistema de subastas y revisar los costes energéticos financiados con el recibo eléctrico a favor de la competitividad
  • REE. El presidente de Red Eléctrica, José Folgado, ya propuso eliminar el impuesto sobre la electricidad y los conceptos extraordinarios cargados a la tarifa eléctrica
  • Pacto de Estado. El subdirector General de la Oficina Española de Cambio Climático plantea un pacto de Estado que reduzca el recibo, vele por el medio ambiente y genere seguridad

María Fernández Pérez, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo tiene claro: "Desde el punto de vista de un órgano de competencia, y vista la polémica generada en Europa, probablemente haya que rediseñar las subastas de interrumpibilidad, que distribuyen las primas que cobran los grandes consumidores industriales por estar dispuestos a reducir o interrumpir su abastecimiento eléctrico en caso de riesgo de apagón. "No sé si mañana, evidentemente, pero tiene que ser dentro de todo el proceso de transición energética", matizó. Fernández Pérez, que es la encargada de la supervisión de los órganos reguladores, hizo estas declaraciones ayer en un descanso del curso Cambio climático y transición energética que comenzó ayer y se despide hoy Avilés.

"¿La solución solamente es las subastas de interrumpibilidad para el mantenimiento de la industria? No lo creo", indicó la presidenta de la Sala de Supervisión Reguladora de la CNMC. "Sería más favorable a que analizásemos todas las partidas de costes energéticos, más que fiarlo todo a la subasta de interrumpibilidad", apuntó. Fernández se manifiesta así en línea con lo defendido por el presidente de Red Eléctrica de España, empresa semipública que opera el sistema eléctrico y organiza las subastas de interrumpibilidad, José Folgado. En marzo defendió revisar los conceptos extraordinarios cargados en el recibo eléctrico, como el sobrecoste de los sistemas eléctricos extrapeninsulares (900 millones de euros) y el déficit de tarifa (2.800 millones), así como el impuesto sobre la electricidad.

María Fernández señaló que "probablemente haya que rediseñarlo todo", aunque no tenga que ser con carácter inmediato, pero sí dentro de todo lo que es el proceso de transición energética.

La responsable del organismo que vela por la competencia abogó por realizar una transición energética que mire a las tres partes de la ecuación que forman la competitividad, medioambiente y seguridad del suministro.

Para María Fernández, Asturias puede servir de ejemplo de lo que ha de ser este proceso y de cómo conjugar esa ecuación tripartita para llegar al objetivo "de casi completamente renovable" en 2050, pero garantizando la estabilidad y el crecimiento industrial.

"La pérdida de competitividad no puede ocurrir en ningún caso", insistió la presidenta de la Sala de Supervisión Reguladora de la CNMC, en referencia a las demandas de empresas como Alcoa, Ferroatlántica o ArcelorMittal, que reclaman desde hace más de un lustro una tarifa energética que le permita competir con otras empresas o sus propias instalaciones en otros países, incluso de Europa, en igualdad de condiciones.

En esta línea, el subdirector general de la Oficina Española de Cambio Climático, Eduardo González, defendió que el país debería de alcanzar antes de 2019 un pacto energético nacional que sea fruto de un consenso en torno a los ejes medioambiental, económico y de seguridad energética. "Hay diferentes visiones sobre cómo conseguirlo y es bueno que eso se debata ampliamente y lo que se decida finalmente sean soluciones de consenso y de largo plazo", dijo Eduardo González.

Ese pacto debería de estar listo para presentarse a finales del próximo año, pero podría retrasarse un poco más, según el subdirector general de la Oficina Española de Cambio Climático.

González explicó que España tiene unos objetivos para 2030, para los llamados sectores difusos (transporte, ámbito residencial o la agricultura) "bastante ambiciosos" porque casi triplica los previstos para 2020.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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