Al PSOE de Galicia no le gusta ni el fondo ni las formas del proyecto de ley de la Xunta para fomentar la implantación industrial y afrontar la competencia del norte de Portugal en el sector. Los socialistas la consideran "publicidad y propaganda" y critican que la norma, "fruto del trabajo de las consellerías", se materialice a través de una proposición no de ley del grupo del PP en el Parlamento "por la vía de urgencia" para "eludir los mecanismos de control".

"El Gobierno gallego lo que tiene que hacer es un plan industrial de verdad, con presupuestos", insta el diputado socialista Abel Losada, que compara las medidas que prepara la Xunta con el plan industrial del Gobierno del País Vasco, con una inversión, asegura, de 1.000 millones de euros anuales en apoyo público al sector.

Los socialistas adelantan su voto negativo y creen que "por muchas leyes que se aprueben" lo importante es articular mecanismos de financiación "para que éstas se cumplan" y no ocurra como con normas similares "absolutamente inoperantes" por no disponer de fondos. Losada censura que un plan para orientar la política industrial de un territorio "no se puede debatir con una intervención de diez minutos en el Parlamento" y afea que se responsabilice a los ayuntamientos de asuntos competencia de la Xunta.

"A mí me gustaría saber cuál es la urgencia", ironiza el diputado, que recuerda que la demanda de su partido para lanzar un proyecto así fue "recurrentemente ignorada o vetada por el grupo del PP gallego en el Parlamento autonómico". Las carencias de la política industrial gallega, según los socialistas, se centran en la financiación, la falta de innovación y la gestión del suelo industrial y no se resuelven con medidas desarrolladas "de manera fragmentaria y carente de control".

El diputado se pregunta por qué si el Gobierno gallego participó en la redacción de esta ley a través de todas sus consellerías, esta norma se presenta como iniciativa del PP de Galicia. Los socialistas lo vinculan a "mecanismos espurios para saltarse todos los controles políticos y administrativos", ya que, al partir de un grupo del Legislativo gallego, el proyecto de ley no tiene que superar tantos trámites de supervisión y control como tendría que afrontar en caso de partir del Gobierno.