Accionistas minoritarios e institucionales de Banco Popular, representados por el despacho B. Cremades y Asociados, están explorando la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad y su posterior venta a Banco Santander, según avanzaron a Europa Press fuentes del bufete.
El bufete de abogados entiende que han existido "una serie de irregularidades" en el caso, ya que antes de la resolución de la entidad, tanto el Gobierno como el Banco de España defendieron la solvencia de Popular, al tiempo que las administraciones públicas efectuaban importantes retiradas de depósitos. Por ello, el bufete podría reclamar una indemnización del Estado para sus representados.
La demanda podría efectuarse por medio de dos vías: a través de un arbitraje internacional para los inversores cuyo país de origen tenga con España un tratado de protección de inversiones, y mediante los tribunales contencionso-administrativos nacionales para los inversores españoles y demás extranjeros cuyo país de origen no tenga con España un tratado como el referido anteriormente.
Bernardo Cremades Jr, abogado del despacho B. Cremades y Asociados, subraya que, además, existe "el agravante" de que el organismo presidido por Luis María Linde no extendiese las líneas de liquidez de emergencia al Popular, que contaba con 40.000 millones de euros en activos susceptibles de ser presentados como garantía antes de su colapso. "Por un lado retiraban liquidez y por el otro no la extendían, por lo que estamos explorando la posibilidad de iniciar acciones legales por responsabilidad patrimonial del Estado", asegura Cremades, que incide en el "principio de unidad de la Administración".
El despacho dispone de un año a contar desde la fecha de la intervención de las autoridades en Popular -7 de junio de 2017- para solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado, pero esperará a recibir el expediente administrativo de la resolución para estudiar en detalle sus posibilidades. El bufete recibirá esta documentación una vez presente ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) por ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), acción prevista para el próximo 7 de septiembre.
Por otra parte, la Comisión Europea negó al bufete el acceso a las versiones confidenciales de los informes elaborados por el Banco Central Europeo (BCE) en relación a la resolución de Popular, así como al trabajo de valoración realizado por Deloitte, al entender que su publicación podría comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea y dañar los intereses comerciales de Santander, tal y como ha adelantado el diario Expan sión.
En una carta firmada por el director general de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales de la UE, Olivier Guersent, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bruselas defiende que la publicación de estos documentos perjudicaría los "legítimos intereses comerciales" de Santander y de sus accionistas.
"La información sobre la posición de Banco Popular en el mercado, así como los datos sobre sus activos y obligaciones, constituye información comercial sensible de Banco Santander como comprador de Banco Popular. La divulgación pública de esta información, en este momento, podría perjudicar la protección de los legítimos intereses comerciales de Banco Santander en relación a su posición competitiva en el mercado bancario", reza el documento.
