Las empresas como Uber y Cabify, de alquiler de vehículos con conductor (VTC), tendrán la obligación de plasmar en un registro público todos los servicios de transporte que contraten y de llevar una matrícula que les diferencie de las de los taxis, según informó el Ministerio de Fomento. Se trata de medidas que el Gobierno aplicará por Real Decreto para reforzar el control a este sector, ante la demandas de intrusismo y competencia desleal manifestadas por el gremio de los taxistas.
Las firmas de VTC deberán dar cuenta en un "registro electrónico público" de cada servicio de transporte que les encargue un cliente "de forma previa a su prestación". Con ello, se pretende garantizar que las empresas cumplan lo establecido en la legislación; que formalicen el preceptivo contrato para cada servicio con un cliente y que no capten viajeros circulando por las vías públicas o estacionados en puntos de concentración de demanda, como son aeropuertos o estaciones de tren.
La regulación busca evitar también que las empresas de VTC sobrepasen el límite de servicios de transporte fuera de su comunidad autónoma que está permitido por ley, fijado en un 20% de total de sus servicios trimestrales.
Esta medida se suma a la ya anunciada por el Gobierno, que consiste en prohibir que estas compañías vendan las licencias de VTC durante al menos los dos años siguientes a su consecución. El fin de esta incitativa es que las empresas destinen las licencias a prestar servicio y no a venderlas, para evitar así la eventual burbuja especulativa que se puede generar con la compraventa de las alrededor de 10.000 licencias VTC pendientes de concesión por resolución judicial.
